Desde la entidad empresarial advierten que “el futuro económico está atrapado en profundos intereses político-partidarios” y que la norma apunta a perpetuar las deficiencias estructurales de la economía.
“El Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 es una firme intención de perpetuar las deficiencias estructurales de la economía boliviana, poniendo en riesgo la estabilidad del sector productivo, y acentuando los desafíos ya existentes”, reza un comunicado emitido este viernes por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), desde donde rechazan la norma que entró en vigencia por ‘fuerza de ley’, pues no cuenta con el visto bueno de la Asamblea Legislativa.
Por segundo año consecutivo, el presupuesto entró en vigencia sin pasar el filtro de la Asamblea Legislativa y sin tomar en cuenta los pedidos y observaciones de diferentes esferas del aparato productivo, proceder bloquea la posibilidad de incorporar ajustes y mejoras que reflejen las necesidades del país, según el análisis de Cainco.
La Ley 1613, que pone en vigencia el PGE 2025, incorpora diferentes apartados que generaron intranquilidad entre los actores del sector privado, siendo un ejemplo la disposición adicional séptima que contempla decomiso de productos si es que las autoridades nacionales consideran que un precio es alto.
Al no tomar en cuenta los pedidos de los actores del aparato productivo y de adecuar la norma a través del debate, Cainco ve que el Gobierno nacional se niega a solucionar la actual crisis económica que vive el país, advirtiendo también un preocupante precedente en la gestión institucional.
En diciembre, la Comisión de Planificación eliminó dos artículos y planteó nueva redacción para otros tres artículos, pero la dilatación para su tratamiento en pleno antes receso anual de la Asamblea, es una clara señal de que el futuro económico del país está atrapado en profundos intereses político-partidarios y no enfocado en el bienestar del pueblo boliviano”, agrega el reporte.
TEMAS QUE GENERAN ALERTA
La autorización de endeudamiento externo por hasta $us 4.000 millones para apoyo presupuestario, deuda pública y emergencias también genera intranquilidad en el sector empresarial, ya que “agrava la ya delicada situación financiera nacional y demuestra que no existe la voluntad para la atracción de divisas, el status quo solo perpetuará la crisis”.
La vigencia de la disposición adicional séptima es también vista como una medida que, lejos de solucionar los problemas de abastecimiento, desincentiva la producción y comercialización, golpeando a la confianza del clima de inversiones.
“El diseño del PGE refleja una visión desconectada de las dificultades económicas reales del país, incluyendo la crisis inflacionaria, la caída de las reservas internacionales y el estancamiento productivo”, agrega el reporte del directorio de Cainco, desde donde piden al Gobierno trabajar con políticas económicas realistas y efectivas que estimulen la inversión, generen empleo y fortalezcan la seguridad jurídica.
Fuente: Unitel
