La violencia en Guarayos vuelve a mostrar el poder de grupos irregulares que actúan con armas e incendios para ocupar tierras. La falta de acción estatal es señalada como la causa de la impunidad.
Ascensión de Guarayos se convirtió nuevamente en un campo de batalla por la tierra. Más de medio centenar de personas encapuchadas, portando escopetas, palos y petardos, ingresaron de forma violenta a un predio privado la madrugada de este jueves. Según denuncias de los trabajadores, los atacantes abrieron fuego contra quienes intentaban resistir, dejando a un obrero gravemente herido por impacto de bala, que debió ser trasladado de emergencia hasta un hospital en Santa Cruz de la Sierra.
La violencia no se detuvo allí. Durante el ingreso, los encapuchados incendiaron instalaciones dentro del terreno, destruyendo cocinas, habitaciones, motocicletas y provocando la quema de amplias áreas de bosque, lo que refleja un patrón de ocupación caracterizado por el uso de armas, el fuego y la intimidación. Los trabajadores y familias de la zona relataron que se vieron obligados a huir ante la superioridad numérica y la ferocidad de los invasores.
Emergencia en la región
La gravedad del hecho movilizó a las instituciones locales. El Cabildo Indígena de la TCO Guarayos emitió la Resolución C.I.TCO.GUA. N° 01/2025, en la que exige la intervención inmediata del Estado, el INRA y la Fiscalía. El documento identifica la presencia de comunidades denominadas APVC y CAI 2, así como del sector conocido como Las Londras —ya vinculado en años anteriores a violentos episodios de avasallamiento—, advirtiendo que la Nación Guaraya se encuentra en un estado de indefensión.
“Se debe proteger la integridad territorial y garantizar la autodeterminación de nuestro pueblo. La ocupación ilegal de nuestras tierras no solo es un abuso, sino un ataque directo a los derechos colectivos”, expresa la resolución indígena, que recuerda que las Tierras Comunitarias de Origen son inalienables e indivisibles según la Constitución y el Convenio 169 de la OIT.
Por su parte, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Guarayos, junto con organizaciones sociales de la provincia, emitió un pronunciamiento en el que repudia la violencia y alerta sobre la falta de respuesta estatal. “La impunidad genera un clima de inseguridad que alimenta más conflictos y vulnera derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a la vida”, señala el comunicado.
En los últimos años, Guarayos se ha consolidado como una de las zonas más conflictivas del oriente boliviano debido a la presión por la tierra. Propietarios privados, comunidades indígenas y campesinas coinciden en denunciar que los avasallamientos son ejecutados por grupos organizados con logística, financiamiento y armamento, que operan con total impunidad pese a que la Ley 477 tipifica y sanciona el delito de tráfico y ocupación ilegal de tierras.
El caso de Ascensión de Guarayos vuelve a colocar en el centro del debate la falta de control estatal y la inacción de instituciones como el INRA, la Policía y la Fiscalía, cuestionadas por no actuar con contundencia frente a una problemática que desangra al oriente y amenaza con escalar aún más en violencia.
Fuente: El Deber
