El presidente de la CAO, Klaus Frerking, calificó la norma sobre el diésel de “improvisada y discriminadora” y advirtió que genera nuevas dificultades para el sector.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) se pronunció este miércoles a cerca del Decreto Supremo 5676 y el precio referencial de diésel para grandes consumidores, informó que convocará a un congreso extraordinario para definir medidas.
Además, el sector planteó la necesidad de eliminar el Impuesto al Valor Agregado o Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el tributo a las transacciones (IT) al diésel.
Los agropecuarios se declararon en emergencia y cuestionaron el decreto 5676, que establece un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores, al considerar que la medida mantiene las trabas para acceder al combustible y puede elevar los costos de producción.
El presidente de la CAO, Klaus Frerking, calificó la norma de “improvisada y discriminadora” y advirtió que genera nuevas dificultades para un sector que depende del diésel para las labores agrícolas, el transporte y la cosecha.
“El sector agropecuario está en emergencia. Es un decreto improvisado y discriminador con todo el sector que alimenta al país. No es posible que este decreto nos obligue a llevar un tractor a los surtidores o nuestras cosechadoras”, cuestionó.
Diésel
Frerking sostuvo que el problema no se limita al precio del combustible, sino también a los procedimientos establecidos para acceder al diésel. Según explicó, los productores ahora deben realizar trámites y obtener certificados antes de comprar el carburante.
“Ahora para ir a comprar diésel tengo que ir a hacer un certificado y ese certificado es igual a las famosas tarjetas del anterior Gobierno”, afirmó.
A criterio del dirigente empresarial, estas disposiciones terminan reproduciendo mecanismos burocráticos que dificultan el abastecimiento del sector productivo. “Seguimos con las trabas, la ANH continúa”, reclamó.
La CAO planteó que la solución a la crisis de abastecimiento pasa por facilitar la participación del sector privado en la importación de combustibles y reducir la carga tributaria que incide sobre el precio final.
Fuente: La Razón
