En San Julián, las filas se trasladaron al papel, mediante “listas de espera”. Denuncian que las mafias siguen acaparando el diésel y la ANH no ejerce un control efectivo en la zona, solo tiene un funcionario.
Para los productores agrícolas del municipio de San Julián, la escasez de diésel produce una sensación de que no hubo cambio de gobierno, el pasado 8 de noviembre. Días antes, el entonces presidente electo, Rodrigo Paz, había prometido que las filas en los surtidores del país, empezarían a terminarse.
En este municipio, al noreste de la ciudad de Santa Cruz, donde ya empezó la campaña de verano con la siembra de soya y arroz, principalmente, los productores sufren porque las mafias acaparan el poco diésel que llega, gracias a que pueden comprarlo con las tarjetas de control que les entregó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Y, aunque ya no se ven largas filas en los surtidores, la espera se trasladó a listas en papel, donde la llegada a la bomba dispensadora puede durar más de un mes.
Freddy Melgarejo, presidente de la Asociación Centro Integral de Pequeños Productores San Julián (Acipa SJ), aseguró a EL DEBER que uno de los mayores problemas es la falta de control en los surtidores de la zona, donde personas que se dedican a la reventa de diésel, cargan en turriles y bidones sin ningún problema.
““Hay mucha gente que está haciendo su ‘agosto’ en este tiempo. Los surtidores en sí no tienen la culpa, porque ellos (los portadores de tarjetas) presentan y cargan normal. La ANH tiene que verificar eso, pero nadie está verificando acá, hay solo un funcionario y la gente es bien agresiva y lo atropellan nomás. Esa es la desgracia que tenemos acá en San Julián, aquí manda la fuerza”, lamentó Melgarejo.
El dirigente indicó que el precio del combustible revendido se encuentra a partir de los Bs 8 el litro, cuando el precio oficial es de Bs 3,72, según los Precios Finales al Consumidor, dispuesto por la ANH a escala nacional. De hecho, manifestó que en Guarayos, en la ruta a Trinidad, el precio sube a Bs 10 por litro.
En el surtidor de Acipa, en San Julián, se ha implementado una lista de espera, donde se tarda un mes para cargar y en otros hasta mes y medio, a causa de los revendedores con tarjetas. “Han hecho lo que han querido con la tarjeta, le han dado a alguien mediante la coima, por debajo de la mesa, y hay gente que ni siquiera siembra, alquilan su tierra, pero tienen su tarjeta legalmente establecida y otorgada por la ANH”, agregó Melgarejo.
Sostuvo que la otra entidad llamada a ejercer fiscalización, Sustancias Controladas, también está ausente y los grupos de revendedores, incluso, tienen un nivel de organización que mediante un simple mensaje por Whatsapp, “aparecen todos al rato”.
Por su parte, Luis Arce, productor de San Julián Sur, pidió a las autoridades que se elimine la entrega de tarjetas, porque es la causa para la “venta negra” de diésel.
Arce advirtió al nuevo gobierno “que se atenga a las consecuencias” si continúa la escasez y que los agricultores también “son el pueblo”. “Le rogamos al presidente que meta mano dura a aquellos que están negociando el diésel, aprovechándose de la situación, de lo que nosotros necesitamos en el momento para sembrar comprando el litro a 10 bolivianos para poder sembrar, y eso es injusto”, expresó.
Arce indicó que, en esa zona del departamento de Santa Cruz, nadie se atreve a denunciar a los comercializadores ilegales de combustible, pues “es capaz de amanecer muerto”.
“Nosotros queremos que suspenda esa tarjeta. Es que nos han ‘globalizado’ como si los agricultores fuéramos narcotraficantes. Ese decreto quisiéramos que anule”, añadió Arce.
EL DEBER intentó comunicarse con la directora de la ANH, Margot, Ayala, pero no atendió a las llamadas y mensajes.
La historia de las tarjetas
La tarjeta de control de la ANH acaba de cumplir 10 años. En noviembre de 2015, la entidad —de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 2243— activó la compra de diésel para el sector agropecuario del país con la tarjeta magnética B-SISA y habilitó 355 estaciones para incrementar el cupo de venta y transporte de 121 a 1.200 litros de diésel para ese sector.
Dicho decreto dispuso de una serie de trabas burocráticas para los productores, como registrarse en la Dirección General de Sustancias Controladas y presentación de un certificado de inscripción en el padrón nacional de contribuyentes, en el Régimen General de Tributación o en el Régimen Agropecuario Unificado o el Certificado de No Imponibilidad otorgado por el Servicio de Impuestos Nacionales.
El volumen de diésel requerido por el productor agropecuario, debe sujetarse a criterios técnicos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y definidos en la normativa correspondiente de la Dirección General de Sustancias Controladas.
Todas estas trabas burocráticas, según los productores, generaron una red de corrupción que ya es de conocimiento de las nuevas autoridades de la ANH. De hecho, a los pocos días de posesionada, la directora de la ANH, admitió públicamente que aproximadamente el 30% del combustible subvencionado estaría siendo desviado hacia redes de contrabando.
Además, mencionó que estos desvíos podrían involucrar “mafias organizadas” con participación de funcionarios de distintas instituciones, como YPFB, la ANH y la Policía.
“No les doy datos oficiales, pero sí es lo que estamos viendo ahora, analizando”, dijo la autoridad a los medios, a tiempo de indicar que la ANH realiza un análisis exhaustivo al B-SISA (Sistema Integrado de Seguridad de Abastecimiento) y a los sistemas de control que existen para la lucha contra el contrabando o el desvío de combustibles que dañan al país.
La Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), denunció en septiembre a EL DEBER, que la reventa de diésel se ha masificado desde noviembre de 2024, cuando comenzó a escasear el carburante y YPFB comenzó a proveer menores cantidades a las requeridas, principalmente a los productores que compran de forma directa y retiran de la Refinería de Palmasola, “lo que terminó beneficiando a quienes se dedican a la reventa para que crezca dicha actividad ilícita”.
Según Anapo, la situación ha sido denunciada por los productores que observan que personas que no son productores cuentan con las tarjetas de control que les permite comprar cantidades de hasta 1.000 litros por persona, para después revender a los mismos productores a precios mayores.
Campaña de verano
El presidente de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), Klaus Frerking, afirmó el lunes que Bolivia se encuentra en la mayor campaña agrícola del año, la de verano, cuando se siembran 3 millones de hectáreas en todo el país, donde se produce el 80% de la seguridad alimentaria para el próximo año. De esa superficie, se siembran 2,2 millones en Santa Cruz.
“Las colas por diésel ya han empezado a disminuir en Santa Cruz y en Beni; ya el mercado negro ha empezado a disminuir los precios porque estamos tomados por el mercado negro en las provincias. Esperemos que se siga regularizando y que las medidas que se tomen sean para que se termine el problema de combustible. No podemos estar viviendo con el Jesús en la boca de ver a qué estación de servicio vamos a ir a abastecernos. Necesitamos el diésel, porque el campo no puede parar”, manifestó Frerking.
Indicó que las colas, que tomaban hasta cuatro días para que un camión se abastezca de diésel, ahora se redujeron a uno. “Esperemos que se siga regularizando”, añadió el dirigente.
Fuente: El Deber
