Solución pendiente: un proyecto de 22 millones de dólares que aún espera respuesta del Gobierno. ¿Cuánto más podemos esperar?
En 2023 tuvimos dos hitos históricos, el primero con la producción de alimentos en Santa Cruz que alcanzó los 16 millones de toneladas, representando el 77% del total nacional, una cifra histórica que impulsó exportaciones adicionales por más de $us 2.600 millones. Esto no solo reafirma que Santa Cruz garantiza la seguridad alimentaria del país, sino también promueve el segundo hito con el aporte del 88% de las ventas totales de bienes agropecuarios de Bolivia, al exterior.
Sin embargo, la falta de construcción de defensivos desde 2020 amenaza esta proeza. Regiones clave como el norte integrado y el este cruceño, conocidas por ser proveedoras de productos agropecuarios, enfrentan una creciente vulnerabilidad. Esto se agrava por las intensas y frecuentes precipitaciones actuales, poniendo en riesgo no solo la producción local, sino también la seguridad alimentaria nacional.
Entre 2010 y 2019, bajo la gestión del ex gobernador Rubén Costas el Searpi ejecutó 89,3 millones de dólares en la construcción de 1.400 kilómetros de defensivos, protegiendo 2,6 millones de hectáreas productivas. Sin embargo, la situación contrasta radicalmente con la actualidad.
En 2024, en la gestión pasada, el Searpi identificó más de 150 áreas vulnerables, en riesgo de posibles inundaciones, y presentó al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el proyecto “Construcción de medidas estructurales en los ríos Grande, Piraí, Chané, Surutú, Yapacaní e Ichilo (Fase VI)”, solicitando una inversión de 22 millones de dólares. Pese a la oficialización del documento el 27 de marzo de 2024, aún no hay respuesta. Esta falta de voluntad política pone en peligro un tema vital para todos los bolivianos: la seguridad alimentaria.
Por Luis Alberto Alpire, Agrometeorólogo
