La reunión multisectorial, que se llevó a cabo en Sucre, determinó dar ultimátum al Gobierno para que deroga la polémica disposición séptima de la ley del Presupuesto General del Estado (PGE), de lo contrario irán a un paro nacional el 10 de febrero.
El tercer encuentro multisectorial determinó, entre otras medidas, ir a un paro movilizado nacional para el 10 de febrero si es que el Gobierno nacional no deroga la disposición adicional séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
Cesar Gonzales, dirigente de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, señaló que además de exigir la derogación de la polémica disposición también se está pidiendo al Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) “poner sus buenos oficios de inmediato” para derogar dicha disposición y se presentará una propuesta de ley para hacer efectiva la disposición.
“En caso de no ser escuchados y no proceder a la derogación, los integrantes de la cadena de abastecimiento, de la cadena productiva, realizaremos un paro movilizado nacional de 24 horas el día 10 de febrero de 2025”, dijo Gonzales al leer las determinaciones.
Los representantes de la cadena productiva del país: productores, transportistas, gremiales y exportadores, entre otros, además de representantes cívicos de Chuquisaca y Potosí, participaron de esta reunión en el salón de Cainco en Sucre.
Otra de las decisiones abordadas fue que “ninguna de las instituciones integrantes de este ampliado y las que son parte de la cadena de abastecimiento” asistirán a cualquier convocatoria o reunión que realice el Gobierno nacional para tratar la reglamentación de dicha disposición.
Los representantes de la cadena productiva del país: productores, transportistas, gremiales y exportadores, entre otros, además de representantes cívicos de Chuquisaca y Potosí, participaron de esta reunión en el salón de Cainco en Sucre.
Por su parte, Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), dijo que Bolivia vive un momento complejo y por ello lo que se espera es certidumbre. Para ello, la mejor solución es que el Gobierno derogue la normativa.
“Creo que no es necesario llegar al 10 de febrero. Quiero dejar una frase muy clara: nosotros no especulamos, nosotros no hacemos agio, nosotros no conspiramos y no hacemos política. Nosotros producimos y acá, en Sucre, está Bolivia. Una Bolivia de 11,5 millones de bolivianos cuya única unidad es el de poder trabajar y producir con seguridad jurídica”
Fuente: El Deber
