La verdad sobre la carne: las causas que golpean los precios internos.
El veto a la exportación de carne: un error que amenaza la economía y la seguridad alimentaria. A más de dos semanas, de la decisión del Gobierno de Bolivia de suspender la exportación de carne no solo es un golpe duro para el sector ganadero, sino que representa un grave error que puede traer consecuencias devastadoras para la economía y la seguridad alimentaria del país.
El Comando Estratégico de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) secuestró 55 cabezas de ganado en pie. El informe del viceministro viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Amílcar Velásquez, calcula que está valuado en Bs 360 mil y que equivalen a 10.000 kilos de carne. Este operativo se dio en la localidad de Villa Remedios, en la carretera Oruo-LaPaz, donde se presume que llegan extranjeros.
Este hecho, confirma la hipótesis del sector ganadero, de que el contrabando de carne, desde Bolivia, es llevado a cabo por grupos inescrupulosos, por la vía de ganado en pie, como el reciente operativo que impidió su traslado a Perú. No nos extrañaría que incluso se recurra a la comercialización ilegal a través de reses faeneadas, vía Tupiza al país de Argentina. Asimismo, los torillos serían trasladados a Brasil y Paraguay, por la extensa frontera con ambos países, 3.423 kilómetros y 742, respectivamente.
Por estas causas y actividades ilegales en nuestro país, se reduce la oferta en el mercado nacional, lo que genera una mayor demanda y, en consecuencia, un aumento en el precio de las reses vivas en los centros de remate, impactando directamente en el costo final por las nubes para los consumidores en los mercados de abastecimiento.
El ganadero no participa en esta actividad ilícita, ya que atentaría contra sus propios intereses y el cierre de exportación de la carne, e ingresos como los del año pasado que alcanzaron aproximadamente los $us 240 millones. Por lo tanto, es responsabilidad del Gobierno Nacional, conforme a la ley, regular y controlar las fronteras para frenar este delito, que no solo afecta al sector ganadero y a la población boliviana, sino también al Estado, que deja de percibir importantes ingresos tributarios y las divisas desde el extranjero, que escasean en el país.
Esta medida, aparentemente tomada sin un análisis técnico profundo, pone en riesgo mercados internacionales que costaron años abrir y afecta a más de 75 mil productores, la gran mayoría de ellos pequeños y medianos ganaderos.
Fuente: Luis Alberto Alpire, Economista
