Un operativo del Ministerio de Desarrollo Productivo, Iniaf y Senasag frenó riesgos sanitarios.
Más de 16 toneladas de semillas ilegales fueron destruidas en el municipio de La Guardia, en Santa Cruz, como parte de un operativo conjunto destinado a proteger la producción agrícola nacional, la sanidad agropecuaria y la seguridad alimentaria del país.
La acción fue ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, a través del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf) y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), luego de confirmarse que los cargamentos de maíz, sorgo y pasto incumplían la normativa vigente sobre certificación y registro legal para su comercialización.
Según el reporte oficial, las semillas representaban un riesgo sanitario y productivo, al no contar con respaldo técnico ni control de calidad, lo que podía afectar el rendimiento de los cultivos, la integridad genética y la inversión de las familias productoras. La medida se enmarca en la política estatal de lucha contra el comercio ilegal de insumos agrícolas y de fortalecimiento de la soberanía alimentaria.
Semilla
La destrucción del material se realizó mediante incineración y contó con la fiscalización de un Notario de Fe Pública, tras un inventario exhaustivo efectuado por la Unidad de Control de Comercio del INIAF, en cumplimiento de los protocolos técnicos de vigilancia e inspección.
El operativo fue acompañado por el jefe departamental del Senasag Santa Cruz, Facundo Altamirano, y el director general ejecutivo a.i. del Iniaf, Héctor Vargas, quienes coincidieron en que estas intervenciones son clave para evitar el ingreso de semillas de dudosa procedencia que pueden introducir plagas y generar pérdidas económicas en el sector agrícola.
Las autoridades remarcaron que el Estado continuará con controles permanentes para garantizar que los productores bolivianos accedan únicamente a semillas de alta calidad, resguardando la producción nacional y la salud de la población.
Fuente: La Razón
