El Gobierno se comprometió a desalojar predios que habían sido tomados por grupos irregulares, pero aún hay un 70% que permanecen tomados. Incluso, hay algunos donde los ‘toma tierras’ retornaron a instalar sus campamientos
Ante una nueva avanzada de los avasalladores en el norte cruceño, desde el sector ganadero denuncian la falta de medidas concretas para proteger las propiedades privadas y así lo manifestó Javier Landívar, director de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), al advertir una inacción por parte de las autoridades y el aumento de la falta de seguridad jurídica en el campo.
“La posición de nosotros siempre es firme respecto a los avasallamientos. A pesar de haber trabajado en diversas mesas de diálogo con el INRA y el Ministerio de Desarrollo Rural, la situación sigue siendo la misma. El compromiso del Gobierno de desalojar los predios y actuar de manera efectiva no se ha cumplido”, lamentó el ejecutivo.
En términos de resultados, Landívar señaló que, aunque un 30% de los predios comprometidos han sido desalojados, el 70% restante sigue bajo ocupación ilegal, tema que amenaza la labor no solo de los ganaderos, sino del sector productivo en general.
“Muchos de esos predios que fueron desalojados han vuelto a ser avasallados. Las autoridades no actúan de manera efectiva y esto está generando una sensación de total impunidad”, lamentó el dirigente.
Además, advirtió que la inseguridad jurídica que enfrentan los ganaderos es insostenible, remarcando que este es un problema estructural que afecta no solo a los propietarios de tierras, sino también a la economía del país.
El caso reciente que ejemplifica esta situación es el del predio Santa Rita, en la provincia cruceña de Guarayos, propiedad que ha sido invadida en varias ocasiones por grupos de personas que ingresan de forma violenta, con armas y a plena luz del día.
Según los propietarios del predio, el lunes pasado un grupo de aproximadamente 80 personas, encapuchadas y armadas con escopetas, irrumpió en la propiedad, reteniendo a más de 25 trabajadores.
A pesar de que el Ministerio Público ha emitido una orden judicial de desapoderamiento, la acción de la Policía ha sido insuficiente para garantizar la recuperación del predio y los ganaderos no solo piden un mayor compromiso de las autoridades, sino también que se fortalezca el marco legal para frenar los avasallamientos y dar seguridad jurídica a los propietarios.
Fuente: Unitel
