El control a 41 productos destinados al mercado exterior está vigente desde 2008, Hasta la fecha se calcula que el país dejó de percibir unos $us 8.000 millones ‘extras’ por las restricciones. La fijación de los costos es otra de las observaciones.
Durante 17 años, Bolivia aplicó un sistema de cupos de exportación para productos agropecuarios y alimentos básicos. La medida, instaurada en 2008 con el argumento de garantizar primero el abastecimiento del mercado interno, provocó distorsiones en el comercio exterior y frenó el ingreso de divisas para el país.
De acuerdo con el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) hasta 2022 y las estimaciones que tiene el sector privado, el país dejó de percibir más de $us 6.000 millones debido a estas restricciones.
“Si actualizamos la cifra, tomando el desempeño de las exportaciones entre 2023 y lo que resta de 2025, el monto de lo que nuestro país dejó de percibir, por este cepo a las exportaciones, asciende a los $us 8.000 millones”, indicó, el economista Germán Molina.
Precisó que los cupos operaron bajo un esquema simple: antes de exportar, las industrias y productores debían demostrar al Gobierno que podían cubrir la demanda nacional. Esa certificación condicionaba los volúmenes permitidos para la venta al exterior y, en la práctica, generaba incertidumbre, trámites adicionales y pérdida de competitividad frente a países vecinos, dijo el economista.
Sobre el tema, Abraham Nogales, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), considera que la eliminación de los cupos y restricciones para exportar productos agropecuarios es la llave para impulsar la producción y atraer nuevas inversiones.
Nogales detalló que ya se está concluyendo la cosecha de invierno, que significará unas 700.000 toneladas y que para el verano calculan una siembra de 1,5 millones de hectáreas.
“Liberar las exportaciones permitirá que el productor invierta más en tecnología, que trabaje en las mejoras productivas. Es fundamental dejar sin efecto los cupos de exportación, ya no se puede seguir trabajando bajo ese sistema, por lo que hay grandes expectativas por los anuncios del Gobierno en cambiar estas normativas que frenan al productor y dañan a la economía del país”, subrayó Nogales.
A su criterio, la cadena e industria oleaginosas han demostrado su capacidad de abastecer al mercado interno, por lo que la exportación “con previsibilidad no afecta el consumo local y sí impulsa la generación de divisas para el país”.
Productos afectados
A lo largo de estos años, los cupos alcanzaron a 41 productos, principalmente del complejo agroalimentario. Entre ellos están la soya y derivados (aceite, harina, torta y grano), carne bovina, azúcar y productos de caña, maíz y sorgo.
El impacto no se quedó solo en la balanza comercial. Exportadores señalan que los cupos limitaron inversiones, redujeron incentivos para aumentar productividad y, sobre todo, restaron competitividad en un mercado global donde otros países avanzaron con mayor libertad y previsibilidad.
El economista Alejandro Banegas puntualizó que en el plano económico y, con el objetivo de generar mayores divisas al país, entre las medidas que está llevando adelante el Gobierno, como dejar sin efecto los cupos a las exportaciones y la regulación de los precios, “son pasos urgentes que se deben concretar”. “Las restricciones a las exportaciones han frenado el potencial productivo y eso está ligado al control de los precios, a esas bandas que no se corresponden con la realidad de los costos de producción y no hacen otra cosa que distorsionar al mercado”, explicó Banegas.
Control de los precios
Durante más de dos décadas, Bolivia ha mantenido distintos mecanismos de control de precios sobre productos esenciales. Lo que comenzó como una política para proteger al consumidor y asegurar el abastecimiento interno, hoy enfrenta crecientes cuestionamientos por parte de los sectores productivos, que advierten que la regulación ha perdido efectividad, genera distorsiones y amenaza la sostenibilidad de industrias enteras.
La regulación de precios tiene raíces formales en 1997, cuando el Gobierno de entonces aprobó el Reglamento sobre el Régimen de Precios de los Productos del Petróleo, estableciendo una intervención directa en el precio final de los combustibles. En los años siguientes, la política se extendió —formal o de facto— a alimentos e insumos básicos, especialmente aquellos considerados parte de la canasta familiar.
Para la Federación Departamental de Productores de Leche Santa Cruz (Fedeple) es medular dejar sin efecto una resolución que fija nuevas bandas de precio por regiones. Javier Velarde, de Fedeple, hizo notar que se debe trabajar con la oferta y demanda, para que haya un impulso al sector productivo.
Fuente: El Deber
