A través del Decreto Supremo 5503, el gobierno retiró la subvención de los combustibles.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) demandó al Gobierno la aplicación inmediata de medidas complementarias al Decreto Supremo 5503, emitido el miércoles, al advertir que los ajustes en los carburantes y en el salario mínimo tienen un impacto directo en los costos de la producción agropecuaria.
A través de un comunicado, la entidad señaló que el sector está dispuesto a asumir su parte del ajuste, pero remarcó que ello debe ir acompañado de condiciones que garanticen previsibilidad, productividad y seguridad jurídica.
“Las recientes disposiciones inciden directamente en el incremento de los costos del agro. Para atenuar este impacto, es imprescindible que se adopten medidas complementarias de manera urgente”, sostiene el pronunciamiento.
Las demandas del sector
Entre las medidas planteadas por la CAO se encuentran:
Respeto a la seguridad jurídica y a la propiedad privada.
Garantía de abastecimiento oportuno de diésel y gasolina, para no afectar los ciclos productivos.
Aprobación inmediata de eventos transgénicos, orientados a mejorar la productividad.
Levantamiento de franjas de precios y cupos para el comercio interno.
Arancel cero para la importación de maquinaria e insumos.
Ampliación a 10 años del periodo de verificación de la Función Económica Social (FES).
Conversión voluntaria de la pequeña a la mediana propiedad.
“El agro está dispuesto a contribuir a la estabilidad económica del país, siempre que se generen condiciones de confianza y previsibilidad”, remarca la CAO en la parte final de su comunicado.
Respaldo empresarial al ajuste
En la misma línea, la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc) expresó este jueves su respaldo a la eliminación de los subsidios a los hidrocarburos, calificando la medida como “dura pero necesaria” para avanzar hacia la estabilidad y sostenibilidad de la economía boliviana.
La decisión del Gobierno, adoptada la noche del miércoles, puso fin a una política vigente por más de dos décadas y desató una ola de reacciones en distintos sectores del país, entre apoyos condicionados y cuestionamientos por su impacto inmediato.
Fuente: El Deber
