Los senadores criticaron a miembros de la Comisión de Tierra y Territorio por aprobar la ley sin considerar supuestas ilegalidades. Por otra parte, se anuncia una investigación parlamentaria por postura sediciosa de ONGs y movimientos afines a Evo Morales.
Con el objetivo de pacificar al país, la Cámara de Senadores abrogó ayer la Ley 1720, modificó algunas disposiciones y la regresó a la Cámara de Diputados para su revisión. Por su parte, la Cámara Agropecuaria del Oriente y el Gobierno acordaron socializar una nueva ley en un plazo de 60 días.
“La Ley 1720 fue abrogada en grande y en detalle en el Senado. Ahora, fue reenviada a la Cámara de Diputados para que se revisen las modificaciones propuestas a las disposiciones finales. Será esa instancia la que la apruebe y promulgue, pero con la condicionante de que se levanten todas las medidas de presión que perjudican la economía del país”, explicó a EL DEBER el senador Leonardo Roca, de Libre.
Por su lado, el presidente de la CAO, Klaus Frerking, informó ayer, antes de la sesión de Senadores, que el sector productivo y el Gobierno acordaron iniciar un proceso de consenso para elaborar una nueva normativa destinada a pequeños y medianos productores, luego de una reunión de casi cuatro horas en medio de los bloqueos en las carreteras.
El legislador Roca fue uno de los tres senadores que, anoche, votó en contra de la abrogación de la norma. Su postura perdió ante 20 que votaron por la abrogación. Otros nueve se abstuvieron.
Roca consideró que la Ley 1720 era constitucional y que organizaciones no gubernamentales (ONGs) y actores políticos afines a Evo Morales, “tergiversaron las cosas positivas de esta ley” con un discurso que considera “sedicioso”.
“He escuchado a algunos senadores mintiendo de manera descarada, usando el mismo discurso de las ONG Segis, Cipca, Fundación Tierra, Fundación Solón y otras más, que en su momento van a tener que rendir cuentas”, advirtió el senador ante el pleno.
La Cámara de Diputados ya aprobó la abrogación de dicha norma y la remitió a la Cámara de Senadores para su revisión y posterior remisión al Ejecutivo, para que se promulgue. No obstante, en la Cámara Alta se presentaron modificaciones a los artículos transitorios y, según reglamento, la misma debe regresar a Diputados donde se deber revisar las modificaciones. En criterio del presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, esta coordinación es administrativa y no afecta el tema de fondo, que era la abrogación de la Ley 1720.
Dicha ley autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a realizar la conversión de la clasificación de la pequeña propiedad titulada a propiedad mediana, a solicitud voluntaria del propietario. La modificación, según la explicación del Viceministro de Tierras, Hormando Vaca Diez, permitía a los propietarios acceder a créditos bancarios para aumentar la producción agrícola.
No obstante, sectores campesinos iniciaron una movilización nacional en rechazo, con respaldo de varias ONGs. Dichas protestas convulsionan al país con más de 60 puntos de bloqueo en las carreteras. Dichas organizaciones, en su mayoría afines al expresidente Evo Morales y de izquierda, consideran que la Ley 1720 afectaba a Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y otros derechos colectivos, además que promovía el avasallamiento y la deforestación por grandes empresarios.
En esa línea, la senadora Carol Carlo, representante de Pando, rechazó las posturas de las organizaciones y calificó las marchas como acciones políticas que tienen el fin de desestabilizar al gobierno de Rodrigo Paz.
Fuente: El Deber
