El ministro de Economía dijo que el sector privado puede participar de la reglamentación ante la intranquilidad por una disposición que contempla decomiso de productos si el Gobierno ve un precio elevado.
Desde el sector privado rechazan sumarse a la reglamentación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y solicitan de manera conjunta la eliminación total de la disposición adicional séptima que contempla el decomiso de productos si es que el Gobierno considera que el precio es elevado.
“El sector privado, en ejercicio de su compromiso con el desarrollo económico del país, anuncia que no participará en procesos de reglamentación relacionados con la citada disposición”, reza el comunicado difundido este miércoles y al que se sumaron diferentes entes camarales.
Algunas de las instituciones que toman parte de este anuncio están la Cámara Nacional de industrias (CNI), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), la Cámara de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), entre otras.
Asimismo, instan respetuosamente al Presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora y a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a “no aprobar normativas que vulneran derechos fundamentales”, como libertad de producción y comercialización, consagrados en la Constitución Política del Estado.
La disposición adicional séptima del PGE contempla que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Además, refleja que todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales, debe contar con una declaración jurada sobre información de producción, transformación y comercialización, conforme a la reglamentación aprobada por resolución biministerial emitida por los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y el de Desarrollo Productivo.
“Alertamos que de aprobarse la norma, se profundizará el clima de inseguridad jurídica, ahuyentando las inversiones nacionales y extranjeras en detrimento de la economía nacional, en un escenario en que urge aumentar la producción y exportar”, remarca el reporte.
Las cámaras advierten que la aplicación de dicha disposición adicional generará un entorno propenso a la arbitrariedad y a la extorsión de funcionarios públicos, incentivando la informalidad y con efectos negativos directos, como el desabastecimiento de productos alimenticios esenciales, afectando gravemente a la población.
Fuente: Unitel
