El uso de biotecnología es un tema que ha sido abordado en los últimos días por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia, empresas privadas, universidades, instituciones, e investigadores. Uno de los muchos puntos analizados es el referido a la propiedad intelectual de las empresas obtentoras de eventos transgénicos, mismas que esperan certidumbre en el respeto a la seguridad jurídica que debe brindarles el Gobierno sobre su propiedad intelectual.
Pedro Pellegrino, presidente de la Asociación de Productores de Semillas (Asosemillas), indicó que no existe certidumbre de las empresas obtentoras de eventos transgénicos sobre la seguridad jurídica que debe brindarles el Gobierno, para que estas traigan su tecnología al país.
Pellegrino manifestó también que no existe seguridad en que los productores vayan a pagar las regalías por los eventos transgénicos de las empresas obtentoras de las tecnologías.
“Hoy se demuestra así, es la realidad. El 80% de la semilla de soya que se usa en el país es ilegal, solamente un 20% se usan semillas certificadas. En maíz no llegamos ni al 8% de semilla legal, el restante 92% es de contrabando”, expresó Pellegrino, quien agregó que tanto las empresas obtentoras de los eventos transgénicos y los productores están con su posición firme de no avanzar mucho en este tema.
Pellegrino mencionó que, en un escenario de los últimos 8 años, donde el uso de semillas ilegales es constante, ocasiona que los obtentores de las empresas realicen menos desarrollo genético de eventos transgénicos; algo que va en contra de desarrollar nuevas variedades de semillas de los diferentes cultivos.
Anapo coincide en darles seguridad jurídica a empresas obtentoras de eventos transgénicos
Por su parte Jaime Hernández, gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), indicó que en una propuesta presentada al Gobierno el sector pide el uso de biotecnología a corto plazo, se aprueben y validen eventos en soya, maíz y algodón. Pero para ello coinciden con Asosemillas, que debe haber un marco normativo que dé certidumbre a los obtentores de la tecnología.
“No debemos olvidar que las tecnologías tienen sus obtentores, es decir que debemos darles seguridad jurídica. Nuestra propuesta al Gobierno fue planteada en lo técnico, pero también fue acompañada en lo normativo para ver qué cambios deben hacerse al reglamento de bioseguridad”, mencionó Hernández.
Coincide que los obtentores de las tecnologías deben tener certidumbre para venir a presentarse en el país, y cobrar sus derechos de propiedad intelectual o captura de valor. De igual manera señaló que en la propuesta presentada al Gobierno falta incorporar que los productores están dispuestos a reconocer los derechos de propiedad intelectual.
Empresas expendedoras de insumos agrícolas piden un marco legal paran traer sus tecnologías
Sobre el mismo tema, Juan Mario Rojo, encargado de Biotecnología de la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA), indicó que la transferencia de tecnología a los productores es parte fundamental de las Compañías expendedoras de insumos agrícolas, y por eso lamentan que nuestro país haya creado su propia barrera al no usar las últimas tecnologías.
Rojo comentó que en países vecinos producen entre 2,5 a 3 toneladas de soya por hectárea, y en nuestro país el promedio se mantiene entre 2 a 2,1 toneladas.
Juan Mario Rojo, quien también es responsable comercial de Basf Bolivia, dejó claro que las Compañías están interesadas en traer eventos transgénicos al país; pero siempre y cuando haya un marco legal establecido, de tal manera que puedan hacer sus inversiones sin pensar en un riesgo de hacerlo.
“Esperamos un marco legal establecido para que las Compañías puedan confiar en traer tecnologías en Bolivia. En los últimos años algunos Decretos Supremos que se refieren a semillas transgénicas han sido revertidos y no dan seguridad jurídica a nivel país”, manifestó Rojo.
Las empresas obtentoras piden seguridad jurídica para traer eventos transgénicos a nuestro país, tomando en cuenta que las inversiones millonarias que realizan para liberar una variedad de soya u otros cultivos; debe tener la seguridad que el Estado va generarles seguridad jurídica por sus derechos de propiedad.
Por otra parte, las empresas privadas y sectores productivos de nuestro medio esperan que el Gobierno dé mayores detalles sobre su propuesta de producir “biotecnología boliviana”; es decir si tiene algún proyecto, si trabajará con el sector privado de manera coordinada, entre otros aspectos.
Fuente: Agro Sinergia
