La industria oleaginosa exportadora está sorprendida y se declara en emergencia por la injustificada medida que tomó el Gobierno Nacional de suspender las exportaciones de aceite.
Al respecto, recordemos que es de dominio público que luego de reuniones con nuestra industria, verificaciones de datos e inspecciones en el terreno, el Ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, hace 2 días manifestó que existían 39 mil toneladas de aceite, las cuales eran suficientes para cubrir la demanda interna. Pese a ello, dos días después han definido suspender las exportaciones de aceite, atacando a la cadena productiva sin prever los impactos negativos ya mencionados.
Esta medida afecta a toda la cadena productiva oleaginosa, compromete la seguridad jurídica y pone en riesgo los mercados internacionales de soya y sus derivados, repercutiendo negativamente en la generación de divisas que el país hoy tanto necesita.
Igualmente, impacta en el financiamiento al agricultor, al comprometer los recursos para la compra de grano, pudiendo generar una menor producción de soya en enero y febrero. Esta merma tendría la consecuencia de una todavía mayor elevación de los precios de esta materia prima, cuyo valor actual es muy alto por la inflación y la crisis cambiaria, y originaría una notable disminución de los productos derivados.
Sobre el particular, deseamos subrayar que la industria oleaginosa está entregando el aceite a los distribuidores para abastecer el mercado interno. Nosotros desconocemos si el mismo está llegando normalmente a los mercados. Es el Gobierno quien debe cuidar que ese aceite no salga de contrabando a otros países fronterizos y combatir la especulación.
Asimismo, es importante recordar que nuestra industria está haciendo un importante esfuerzo por entregar aceite a los distribuidores, puesto que recientemente sufrimos un bloqueo de 24 días y por 2 meses hubo desabastecimiento de diésel, lo cual afectó seriamente la logística de distribución.
Finalmente, debemos señalar que se requieren soluciones de fondo a los problemas estructurales del actual modelo de cupos y control de precios de aceite, vigente desde 2010, que ya no responde a la difícil realidad actual de la economía del país. Así, se está comprometiendo la sostenibilidad de nuestras industrias y de toda la cadena productiva oleaginosa del país.
Fuente: Cadex
