Un informe internacional advirtió que desarrollar nuevas herramientas para la protección de cultivos demanda inversiones históricas y más de una década de trabajo.
Desarrollar una nueva solución para la protección de cultivos requiere actualmente una inversión promedio de US$ 307 millones y un proceso de 11,4 años de investigación, desarrollo y revisión regulatoria antes de llegar a los productores. Así lo reveló un estudio elaborado por AgbioInvestor para CropLife International, difundido este 16 de julio. El dato adquiere relevancia global porque la agricultura enfrenta el desafío de producir más alimentos en un escenario marcado por el cambio climático, la presión sobre los recursos naturales, la aparición de nuevas resistencias y exigencias cada vez mayores en materia de seguridad alimentaria y sustentabilidad.
Más de una década de investigación para llegar al productor
El informe señala que el proceso de innovación comienza con la evaluación de miles de compuestos y tecnologías potenciales, aunque apenas una mínima parte logra avanzar hacia etapas de desarrollo. Durante el período 2020-2023, la fase de descubrimiento demandó inversiones promedio de US$ 133 millones, mientras que los ensayos de campo, las evaluaciones toxicológicas y los estudios ambientales continúan representando algunos de los componentes más costosos de todo el proceso.
La investigación científica y el desarrollo tecnológico se han convertido en factores centrales para sostener la productividad agrícola, mejorar el manejo de malezas, plagas y enfermedades, y responder a las crecientes demandas de los mercados internacionales en materia de trazabilidad, sustentabilidad y reducción de la huella ambiental.
Innovación en protección de cultivos: tiempo y costos de desarrollo
Uno de los datos más relevantes del estudio es el fuerte incremento de los costos de investigación. En 1995, desarrollar una nueva tecnología para la protección de cultivos requería inversiones cercanas a US$ 152 millones. Actualmente, esa cifra asciende a US$ 307 millones, impulsada por regulaciones más exigentes, mayores estándares ambientales y procesos científicos cada vez más sofisticados.
Este escenario abre un debate clave para el futuro de la agricultura: cómo garantizar que los productores puedan acceder en tiempo y forma a nuevas herramientas tecnológicas que permitan sostener los rendimientos y responder a los desafíos productivos de las próximas décadas.
El estudio también pone el foco en América Latina, una de las regiones más importantes del mundo para la producción de alimentos. En 2023, Centro y Sudamérica concentraron el 17% de las inversiones regionalizadas en desarrollo y programas de stewardship, equivalentes a unos US$52 millones.
Para la Argentina, el dato resulta especialmente relevante. El país es uno de los principales exportadores mundiales de alimentos y enfrenta el desafío de sostener su competitividad en un contexto de crecientes exigencias vinculadas al cambio climático, la descarbonización, la agricultura sustentable y la necesidad de incrementar la producción para abastecer a una población global en expansión.
Los productos biológicos ganan protagonismo
El informe también detectó una creciente diversificación en las inversiones. Las soluciones de origen biológico elevaron su participación en investigación y desarrollo, pasando del 7% al 10% del gasto total en I+D en 2023, una tendencia que refleja la búsqueda de herramientas complementarias para una producción más eficiente y sustentable.
Sin embargo, los especialistas advierten que la innovación solo genera valor cuando logra llegar al productor. Por eso, el informe destaca la importancia de contar con sistemas regulatorios transparentes, previsibles y basados en la ciencia, capaces de acelerar el acceso a nuevas tecnologías sin resignar los estándares de protección de la salud humana y del ambiente.
Fuente: AgroLatam
