Desde el sector ganadero vienen advirtiendo que los decretos 5203 y 5225 son una amenaza para el aparato productivo y para la seguridad jurídica, calificándolos de inconsultos e inconstitucionales
“Nos quieren sancionar tres veces por un solo hecho”. Así reza la queja de la Federación de Ganaderos de Beni con la que rechazan los decretos supremos 5203 y 5225, intranquilidad que fue puesta en manifiesto y argumentada en una nota que fue remitida al viceministro de Medio Ambiente, Franz Álvaro Quispe.
Ambas normas determinan multas y sanciones por quemas e incendios, tema que se convierte en una amenaza para la seguridad jurídica de los productores porque amenaza también con revertir tierras rurales productivas que son clave para la labor ganadera.
Desde Fegabeni advierten que el decreto 5203 establece “de forma desproporcional solo sanciones y no así mitigación o prevención”, tema que no soluciona el escenario de incendios y quemas ilegales que también afectan a los predios productivos.
El 87% de las propiedades ganaderas benianas son pequeñas, según Fegabeni, y se caracterizan por una economía de sobrevivencia, mientras que las medianas dan abastecimientos a mercados de algunos municipios y las grandes proveen terneros para posteriormente proveer de proteína al resto del país con un costo fijo.
Motivos de intranquilidad
En las normas se contemplan sanciones por la vía administrativa, sin respetar los principios de presunción de inocencia, verdad material y a la defensa, violando en consecuencia, un debido proceso, aplicándonos multas desproporcionales e impagables para et sector.
La segunda considera el proceso de cobro vía coactiva en jurisdicción agroambiental, “de forma ilegal e inconstitucional contra ley expresa sólo pueden de dos formas, vía coactiva o vía ordinaria mediante un proceso de conocimiento”, “hecho con el que embargarán todos nuestros bienes sin ser debidamente juzgados”.
Mientras que la tercera es la vía penal, situación por la que ya atraviesan 25 ganaderos benianos, procesos en fase preliminar en la Fiscalía ante una denuncia “mal planteada” y con la que se pretende “quitarnos nuestros bienes e inversiones, también nuestra libertad”, denuncia Fegabeni.
“Para ser más específico, señor viceministro, el reglamento específico del decreto 5203, viola la presunción de inocencia, verdad material, debido proceso, el derecho a la defensa y ya castiga por acción y por omisión, no diferencia lo que es quema con incendio”, reza el reclamo.
Mientras que el decreto 5225 que establece pausa ambiental, hay ciertos apartados que también generan intranquilidad porque “las intenciones de sancionar vía administrativa, solo por focos de calor inexactos por supuesta quema y capaz que una cicatriz de quema, deriva en multas impagables y como en medidas cautelares ni vendiendo la propiedad rural se podrá pagar la sanción”.
“La forma de construir una norma para que sea aplicable, tiene que ser con los verdaderos actores, o sea, los productores – los ganaderos, si fuese así, jamás estaríamos preocupados en procurar seguridad jurídica, si no, en invertir para producir más, crear más fuentes de trabajo y mantener la soberanía alimentaria”, sentencian desde Fegabeni.
Fuente: Unitel
