El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT), Franz Molina, dijo que «esta norma es un nuevo impuesto disfrazado que castiga al corazón productivo del sur del país con un impacto devastador».
Empresarios del sector vitivinícola de Tarija rechazan la creación de una cuota de retención por litro comercializado de vino o singani incorporado en el proyecto de Ley PL-528/2024-2025.
El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT), Franz Molina, dijo que este sector se encuentra en estado de emergencia ante la aprobación de esta normativa.
«Esta norma es un nuevo impuesto disfrazado que castiga al corazón productivo del sur del país con un impacto devastador. Resulta incomprensible que a pocas semanas del cambio de gobiernos se adopten medidas que golpean a la producción nacional en vez de fortalecerla», cuestionó.
Molina afirmó que mientras el país necesita de inversión, empleo y esperanza, se sigue castigando al que produce y apuesta por Bolivia.
El referido proyecto de Ley PL-528/2024-2025 fue aprobado en la Cámara de Diputados en una sesión irregular y sin el tratamiento técnico con los sectores involucrados.
Según la FEPT, su aplicación generará la pérdida de empleos directos e indirectos en el Valle Central de Tarija y provincias productivas.
Su afectación directa es más de 5.000 familias trabajadoras del sector vitivinícola, lo que implica alrededor de 20.000 personas que dependen económicamente de la cadena productiva de uvas, vinos y singani.
Asimismo, la normativa tendrá su efecto en la caída de inversiones y el impedimento de la innovación, especialmente en los pequeños productores y emprendimientos familiares.
La gerente general de la FEPT, Patricia Vargas, aseveró que esa institución, a través del presidente Franz Molina, ha solicitado a la Brigada Parlamentaria de Tarija a sumarse y defender los intereses del sector productivo convertido en una fuente de dinamismo económico y generación de empleos.
Agregó que se espera que en el Senado se pueda frenar el tratamiento del proyecto de Ley y se convoque a un diálogo al sector productivo para lograr consenso, en el marco de la seguridad jurídica y el respeto institucional.
Fuente: El Deber
