Este lunes más 35 sectores acatan un paro movilizado, pero sin bloqueos ni otras extremas medidas de presión una caravana recorrer la ciudad exigiendo la derogación de una norma facilita el decomiso de mercadería.
Dando inicio a las movilizaciones contra una norma que facilita la confiscación de mercadería, este lunes el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, pidió al Gobierno derogar esta disposición que, a su criterio, perjudica el trabajo que realizan los diferentes sectores económicos del país.
Los agricultores, junto a otros sectores como gremialistas, transportistas e industriales de todo el país se movilizan este lunes en rechazo a la disposición séptima, de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza la retención y decomiso de mercadería que considere, a simple denuncia, como agio y contrabando.
“Esta cadena productiva, lo que pide al Estado es que nos dejen trabajar netamente eso, que no nos regulen los mercados, que no nos cierren las exportaciones, que tengamos mayor infraestructura, que a los comerciantes les den todas las posibilidades para refinanciarse”, dijo Frerking.
El dirigente empresarial cuestionó algunas políticas gubernamentales, señalando que ciertas medidas implementadas van en contra del crecimiento económico.
«Son medidas que van en contrarruta, son medidas que no dejan crecer al país», afirmó.
También se refirió al veto a las exportaciones de carne, indicando que hay un excedente de 50.000 toneladas en la producción nacional, mientras que las exportaciones solo alcanzan las 30.000 toneladas, pese a que Bolivia produce anualmente 350.000 toneladas.
En este sentido, señaló la importancia de la generación de divisas a través del comercio exterior para la adquisición de insumos, subrayando que los costos de las transferencias bancarias para traer productos desde el extranjero han aumentado en un 60 o 70%.
«Si sobran los dólares, yo le diría, perfecto, pero no hay dólares en el país», puntualizó Frerking, enfatizando la urgencia de contar con divisas extranjeras para abastecer la cadena productiva.
Las movilizaciones contra la disposición séptima comenzaron en la plaza del Estudiante y continuó por diferentes calles de la ciudad. La nutrida caravana llegó hasta las principales entidades públicas ubicada en Santa Cruz de la Sierra.
Protesta política
En tanto, el Gobierno a través de diferentes autoridades rechazaron la movilización calificándola de extremista y política, que solo busca desestabilizar el Gobierno del presidente Luis Arce Catacora.
Ayer en declaraciones a Bolivia TV, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, dijo que la medida implementada por el Gobierno busca proteger el bolsillo de los bolivianos y evitar la especulación de precios en productos de primera necesidad.
Llamó al sector empresarial y gremialistas a reglamentar la implementación de esta medida. Además, aseguró que no perjudica estos sectores, sino a los contrabandistas y especuladores.
“Lamentablemente, muchos sectores con intereses políticos han decidido no participar en el diálogo y han optado por organizar un paro”, declaró.
El viceministro recordó que la industria y el comercio minorista son los principales afectados por este tipo de movilizaciones. Mientras que los industriales suelen criticar los bloqueos y paros debido a las pérdidas millonarias que generan, los comerciantes minoristas también se ven perjudicados, ya que pierden sus ingresos diarios.
Fuente: El Deber