Representantes del sector privado cierran filas y responsabilizan al Gobierno por la escalada de precios que hoy golpea a la población, cuestionando así al viceministro de Defensa al Consumidor.
Los actores de la cadena cárnica se reunieron este lunes en la capital cruceña
Los principales representantes de la cadena cárnica boliviana rechazaron cualquier intento del Gobierno de intervenir unidades productivas y centros de remate bajo el argumento del control de precios o el supuesto beneficio social.
Durante una reunión en las instalaciones de Fegasacruz, que convocó a empresarios, exportadores, cívicos, ganaderos y líderes del sector agroproductivo, se denunció que las recientes medidas y anuncios del Gobierno solo agudizan la crisis económica y vulneran el derecho a producir en libertad.
En días pasados, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, anunció el inicio de controles a los centros de remate advirtiendo el incremento en el precio de la carne de res, así como también se alista una reunión con los ganaderos del país para revisar los compromisos asumidos en 2024.
Desde la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), el presidente Walter Ruiz aseguró que la producción nacional de carne está garantizada para el mercado interno, pero alertó sobre las amenazas que enfrenta la cadena productiva.
“Expresamos nuestro más enérgico rechazo a cualquier intento del Gobierno de intervenir bajo el pretexto de control de precios. Exigimos nuestro derecho a producir, innovar y exportar en condiciones de transparencia y competitividad”, afirmó Ruiz también al resaltar que la carne boliviana tiene el precio más bajo de Sudamérica, lo que incentiva el contrabando, debido a la falta de una política cambiaria clara y la devaluación del boliviano.
Por su parte, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, manifestó que “el Gobierno quiere culpar al campo de una crisis que él mismo ocasionó y la cadena productiva no lo va a permitir”.
Frerking remarcó que si se permite el avance sobre los centros de remate, el siguiente paso podría ser la intervención en otros sectores privados, como farmacias o tiendas de barrio. “Aquí está reunida toda la cadena productiva. No vamos a permitir la intervención de ninguna propiedad privada”, sentenció.
Desde la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo expresó que el país atraviesa una crisis estructural provocada por un modelo económico que, en sus palabras, ya no funciona.
“Hace dos años advertimos que el Estado había perdido la capacidad de crear economía. Hoy la falta de dólares, la escasez de combustible y el alza en el costo de vida son consecuencia directa de un modelo agotado. Mientras sigan dejando al sector privado de lado, el país continuará hundido en esta espiral”, advirtió.
Los voceros coincidieron en que las políticas de restricción a las exportaciones, la imposición de precios y las amenazas a la propiedad privada generan un profundo desincentivo a la producción y responsabilizaron al Estado por la escalada de precios que afecta a la población, al no asumir su rol de garante de estabilidad económica.
“La ganadería boliviana no es parte del problema, es parte de la solución”, reiteró Ruiz, defendiendo el papel del sector en la generación de empleo, divisas y dinamismo económico.
Fuente: Unitel
