Expertos coinciden en que garantizar la seguridad alimentaria requiere atender de forma simultánea estos tres factores.
La falta de diésel, los efectos de la crisis climática y la inseguridad jurídica sobre las pequeñas propiedades agrícolas son tres factores que actualmente amenazan la producción de alimentos y, con ello, la seguridad alimentaria del país, según empresarios y expertos.
Desde el sector agroindustrial, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, señaló que la escasez de combustibles es actualmente la principal dificultad que enfrenta la cadena productiva, debido a sus efectos en la cosecha de invierno y el inicio de la zafra cañera.
“En el norte de Santa Cruz hemos empezado ya una zafra cañera, donde nace el 95% del azúcar que consume el país, y en este momento estamos atrasados por la falta de combustible para levantar toda la caña de azúcar”, explicó.
Según Frerking, si la caña no es cosechada hasta el 30 de octubre, el inicio de la temporada de lluvias podría dificultar su traslado a los ingenios y provocar pérdidas en las unidades productivas.
El dirigente agropecuario también cuestionó que el acuerdo suscrito el 1 de julio entre el sector productivo cruceño, el Gobierno y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aún no se haya cumplido en su totalidad.
El compromiso establecía garantizar 3 millones de litros diarios de diésel para Santa Cruz, con un volumen total de 72 millones de litros durante julio.
A esta situación se suma el incremento del mercado negro de combustible. El gerente general de la Asociación Nacional de Productores de Trigo y Oleaginosas (Anapo), Jaime Hernández, informó que en varias provincias cruceñas el litro de diésel llega a comercializarse hasta en Bs 14, frente al precio oficial de Bs 9,80.
“Es importante dimensionar la situación que se está generando por el desabastecimiento de diésel, se está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país”, afirmó Hernández.
El segundo factor identificado es la crisis climática. El sociólogo Wilbert Villca advirtió que los pequeños productores, que constituyen la base de la agricultura familiar, podrían enfrentar mayores riesgos ante los efectos del fenómeno climático denominado “Súper Niño”.
“La crisis climática es un factor clave. ¿Quién se está ocupando de garantizar que el desborde de los ríos no nos deje sin producción de alimentos? ¿El Estado tiene sus políticas de mitigación de esos riesgos? ¿Hay un seguro agrario para productores? Ese es otro grave riesgo”, sostuvo.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran la importancia de la actividad agrícola para el país. Hasta 2018, el 32,18% de la población económicamente activa tenía la agricultura como principal actividad laboral.
Asimismo, el Censo Agropecuario de 2013 registró 871.921 Unidades Productivas Agropecuarias (UPA), de las cuales el 95% correspondía a productores de la agricultura familiar.
El tercer factor está relacionado con la seguridad jurídica de las pequeñas propiedades agrícolas. Villca, también experto en resolución de conflictos de tierras, señaló que cualquier vulneración de los derechos sobre estas propiedades puede afectar a la agricultura familiar y, en consecuencia, la suficiencia alimentaria.
Como antecedente mencionó la Ley 1720, posteriormente abrogada, que establecía mecanismos para que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) pudiera convertir pequeñas propiedades en medianas a solicitud de sus propietarios.
Para Villca, garantizar la producción de alimentos requiere no solo resolver el abastecimiento de diésel, sino también fortalecer las condiciones en las que trabajan los pequeños productores.
Entre las medidas planteadas mencionó el mejoramiento de caminos, un mayor acceso a mercados, la construcción de centros de acopio y una normativa que otorgue mayor protección al sector.
“Se debe estimular la producción del campesinado con mayor acceso a mercados, vincular el país, porque todavía tenemos provincias que no tienen una excelente vialidad de caminos para traer o llevar frutas y verduras”, señaló.
También planteó mecanismos de protección social para los productores, como seguros y alternativas de jubilación para el sector.
De esta manera, empresarios y expertos coinciden en que garantizar la seguridad alimentaria requiere atender de forma simultánea el abastecimiento de combustibles, los riesgos derivados de la crisis climática y la protección de la agricultura familiar y sus tierras productivas.
Fuente: La Razón
