El organismo multilateral dice que el objetivo es apoyar una mejor gestión de los recursos hídricos en 15 cuencas y 256 municipios en todo el país. El crédito tiene un plazo de vencimiento de 28,5 años y un periodo de gracia de 11,5 años.
Bolivia sufre los embates del cambio climático con sequías, inundaciones y desbordes. Así, el directorio del Banco Mundial acaba de aprobar un préstamo de $us 150 millones para el Estado boliviano con el objetivo de apoyar una mejor gestión de los recursos hídricos en 15 cuencas y 256 municipios en todo el país. Unas 30 000 familias de zonas rurales se verán beneficiadas al mejorar su capacidad para enfrentar los impactos del cambio climático.
Las familias beneficiarias, dedicadas mayormente a la agricultura de subsistencia en las partes altas de las cuencas, enfrentan elevados índices de aridez, deforestación y erosión de suelos que dificultan su actividad. El Proyecto Gestión Resiliente del Agua para Riego Familiar y Comunitario apunta justamente a potenciar su productividad mediante un mejor uso del agua para riego.
Camille Nuamah, representante Residente del Banco Mundial en Bolivia, dijo que para el Banco Mundial es crucial apoyar a los países a lograr la seguridad hídrica mediante una gestión adecuada del agua. «Bolivia ha avanzado en este ámbito y ha realizado importantes inversiones en riego para mejorar la producción agrícola, sin embargo, aún enfrenta múltiples desafíos marcados por el cambio climático y la necesidad de los agricultores de pequeña escala”, afirmó.
En Bolivia, la seguridad hídrica es un desafío urgente, con profundas disparidades territoriales y fenómenos climáticos recurrentes que provocan una distribución desigual del agua. Se prevé que el cambio climático agrave estos problemas, con el aumento de las temperaturas y la reducción de las precipitaciones, afectando la disponibilidad de agua para la agricultura.
El proyecto apoya la planificación estratégica del país en el sector, expresada en el Plan Plurinacional de Recursos Hídricos (PPRH), la gobernanza e institucionalidad en la gestión hídrica en los niveles subnacional y municipal y la orientación de inversiones.
Estas inversiones se enfocarán en tres ámbitos, definidos en función del beneficio para las familias rurales: protección de fuentes de agua para incrementar la oferta mediante reforestación, recuperación de praderas nativas, mejora de suelos y protección de áreas de recarga de agua, todo en un área aproximada de 16.000 km2; optimización de los sistemas de riego familiar y comunitario, incluyendo riego tecnificado, para mejorar la productividad de los cultivos, diversificar su producción y mejorar los ingresos de las familias; e implementación de infraestructura resiliente contra inundaciones y la erosión (desgaste de suelos).
La inseguridad hídrica también afecta de forma desproporcionada a las mujeres, quienes desempeñan un papel crucial en la agricultura y la gestión del agua. Por ello, el proyecto tomará medidas para apoyar su acceso a las inversiones, asegurar que su perspectiva sea considerada durante la implementación y que las capacitaciones fortalezcan sus destrezas como productoras y aumenten su participación en la toma de decisiones en organizaciones de gestión de agua y riego.
El monto aprobado corresponde a un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) con un plazo de vencimiento de 28,5 años y un periodo de gracia de 11,5 años.
Fuente: El Deber
