Cuestionan el rol del Comité de Bioseguridad, que durante estos años ha “estancado” la investigación de nuevos eventos para la actividad agrícola. Colectivos se pronuncian en rechazo a la producción transgénica.
La polémica respecto al uso de organismos genéticamente modificados (OGM) en la agricultura nuevamente ha salido a flote. El Instituto de Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) reconoció que ensaya cultivos de soya y maíz transgénicos en Tarija y Santa Cruz. Mientras algunas plataformas se pronuncian en rechazo, expertos ven un “estancamiento” en este tipo de investigaciones en el país.
Según ha revelado ANF, el INIAF, en una carta enviada en fecha 17 de enero al Viceministerio de Medio Ambiente, detalla la práctica con cultivos de maíz y soya genéticamente modificados en la Región del Chaco en Tarija y en Santa Cruz. También menciona que la autorización para este trabajo ha sido otorgada por el mismo Viceministerio.
En consecuencia, esto ha provocado el rechazo de al menos 16 colectivos de la sociedad civil que, en otra misiva enviada el pasado 6 de septiembre al viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera, piden sanciones para los responsables, con el argumento de que esa actividad es ilegal.
Postura del INIAF
El responsable interino del INIAF en Tarija, Gregorio Colque, manifestó que el uso de transgénicos tiene sus “pro y contras”. Sin ahondar en detalles, enfatizó que esa tarea está a cargo del Viceministerio de Medio Ambiente y Agua.
Consultado si el INIAF está de acuerdo con la implementación de semillas transgénicas en la producción nacional, Colque argumentó que el mandato del Gobierno es la producción “tradicional”.
“Nosotros estamos probando variedades que puedan hacer lucha a los transgénicos, (…) estamos probando variedades de maíz en Yacuiba. Cuando ya tengamos los resultados, vamos a lanzar, y ver la equivalencia que puede competir con esos cultivos”, mencionó.
La mirada profesional
El especialista en mejoramiento genético y exdirector del INIAF en Tarija, Luis Acosta, hace énfasis en que actualmente la Constitución Política del Estado (CPE) no permite el uso de transgénicos, a esto se suma la Ley Integral de la Madre Tierra (N° 300), y la Ley de los Derechos de la Madre Tierra. Sin embargo, desde 1994 se conforma el Comité de Bioseguridad y Biotecnología, que es el ente encargado de dar información respecto a los transgénicos en el país.
Acosta recalcó que en varios países de América Latina se hace uso de transgénicos. Pero menciona, que para introducir un organismo genéticamente modificado en Bolivia, necesariamente debe pasar por una etapa de investigación, trabajo que debería ser efectuado por el Comité de Bioseguridad y Biotecnología, el cual es integrado por diferentes instituciones y organismos.
“En Bolivia solo hay un evento que está aprobado, que está apoyado en el cultivo de soya, que es un Bt (Bacillus thuringiensis), es decir, que se aplica un químico que no mata a la soya, pero mata la maleza”, explicó.
El experto señaló que el Comité debería investigar los organismos genéticamente modificados, probar que no causa ningún efecto en la salud.
Tomando en cuenta los eventos adversos que se dan a consecuencia del cambio climático, se consultó a Acosta si el país debería incursionar con el uso de biotecnología y transgénicos, a lo que argumentó, que la biotecnología es cruzar una especie con otra, mientras que el transgénico ya son organismos genéticamente modificados. En efecto, reconoció que con el pasar del tiempo existen variedades que son más resistentes a estos eventos adversos.
“El Comité de Biotecnología debería haber trabajado esto hace mucho tiempo, para cerciorarse que no se crucen materiales que no son de origen. Bolivia es origen de la quinua, papa, maní, ají, y somos centro de biodiversidad del maíz”, refirió.
El maíz transgénico ya circula en el país
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) denunció que el maíz transgénico que ingresa por contrabando desde Argentina, ya circula en el país y es el que cubre el 60% de la demanda nacional. Detalló que la producción local apenas cubre el 40% del mercado interno, por lo que demandó al Gobierno autorizar el uso de biotecnología.
Sin embargo, activistas de al menos 16 colectivos de la sociedad civil se pronunciaron en rechazo del uso de transgénicos y nuevas biotecnologías en la producción agrícola.
Fuente: El País
