La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz expresa su profunda preocupación y rechazo ante la intención del Gobierno Nacional de abrogar la Ley 1720, medida que afectaría gravemente a miles de pequeños productores y campesinos de todo el país, particularmente del oriente boliviano.
Como institución representativa del sector privado cruceño, respaldamos plenamente la posición asumida por la Cámara Agropecuaria del Oriente, la de movilizarse en defensa de los pequeños productores, que, pese a las enormes limitaciones y dificultades existentes, continúan trabajando todos los días para garantizar el abastecimiento de alimentos a las familias bolivianas.
No es aceptable, desde ningún punto de vista, que por presión de las Organizaciones No Gubernamentales se continúe sometiendo económicamente al pequeño productor, negándole el pleno derecho sobre su tierra y obligándolo a desenvolverse en la informalidad e incertidumbre jurídica.
La eventual abrogación de la Ley 1720 atenta contra la seguridad jurídica, la estabilidad económica del agro y el esfuerzo de quienes sostienen buena parte de la producción nacional de alimentos. Por ello, instamos a los parlamentarios nacionales a actuar con responsabilidad y compromiso con el país, evitando consumar un atropello que perjudicaría directamente a los pequeños productores del campo boliviano. La defensa del derecho a la producción y al trabajo digno debe estar por encima de cualquier presión externa o interés ajeno a la realidad nacional.
Fuente: FEPSC
