El subsidio no se limita a los hidrocarburos. El Estado boliviano subvenciona tres productos que puede producir en abundancia e incluso con potencial exportador. Se trata de granos como el trigo, maíz y el arroz. Para el 2024, el Presupuesto General del Estado (PGE) estableció un techo de Bs 700 millones, un 60% más a lo asignado en 2023.
Agricultores cuestionaron esta medida porque el país cuenta con potencial para incrementar la producción de estos cultivos, como el trigo y el maíz. Además, desde hace varios años la oferta nacional de arroz abastece el mercado interno.
Como parte de su política de Estado, el Gobierno del Movimiento Al Socialismos (MAS) desde 2006 mantiene subsidios a los combustibles y productos alimenticios. Para la gestión 2023 destinó Bs 8.210 millones para sostener esta medida.
De esa cantidad, Bs 7.642 millones fueron usados para subsidiar el combustible, mientras que otros Bs 437 millones se destinaron subvencionar los granos.
Para este año, la administración de Luis Arce decidió incrementar estos montos. Solo para el subsidio de combustibles líquidos el presupuesto subió a Bs 9.803 millones, es decir, un 19,4% más.
Del mismo modo, el presupuesto para abaratar el precio de los granos será de Bs 700 millones para este año. Esto significa un incremento de hasta un 60%.
De todos recursos asignados para este ítem Bs 331 millones se han destinado para trigo. Mientras que, para el maíz lo asignado llega a Bs 262 millones y para arroz otros Bs 107 millones.
El especialista en finanzas, Jaime Dunn, sostuvo que la “subvención es una forma de alterar el mercado” porque ocultan “los precios reales”.
“No solo eso, sino que cortan el sistema de comunicación de precios en el mercado. Entonces, eso hace que no sepamos el precio real de las cosas”, sostuvo.
Para él, esta medida al final daña la economía “porque por ejemplo cuando subvención está al lado de la compra para que el precio sea más alto, los agricultores producen arroz -no porque el precio es bueno- sino porque el Gobierno paga bien”.
“Y por el otro lado, cuando la subvención también tiene el precio hacia abajo, los consumidores consumen más porque es barato. Pero los campesinos no quieren producir porque el precio es muy bajo”, señaló.
Entonces, los productores están sembrando porque alguien compra a un precio más alto que el que debe ser.
“Y eso distorsiona los precios. Por eso, el día que se acaba el subsidio, quiebran esas empresas”, sostuvo el especialista.
No obstante, esta semana en declaraciones a medios del Estado, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, señaló que se dispuso de un decreto supremo para reglamentar la subvención de trigo, maíz y arroz.
Con esto, según la autoridad se garantiza el pan de batalla a Bs 0,50 y los productos cárnicos a precio justo.
“Con esta medida va a continuar la subvención proyectada, tanto para comprar o acopiar estos granos como el maíz, el trigo, específicamente, y también abastecer con harina de trigo que Emapa va a procesar. Estamos garantizando recursos de aproximadamente Bs 491 millones”, precisó.
En esa línea, explicó que el subsidio del maíz al sector pecuario garantizará “la producción suficiente de carne de pollo, carne de cerdo, leche y huevo para mantener la estabilidad de los precios y continuar contribuyendo a mantener bajas tasas de inflación que Bolivia ha registrado en los últimos años”.
De acuerdo con un reporte de la agencia ABI estos fondos serán administrados por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), que se encarga del acopio de granos y la distribución/venta de estos a los sectores productores.
En el caso del maíz, la entidad estatal provee del insumo a precio justo a 1.012 productores pecuarios de todo el país.
Mientras, para la harina, Emapa llega a 2.030 panificadores que se han comprometido a mantener en Bs 0,50 centavos el precio del pan.
No llega a todos
José Luis Farah, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) señaló que en el caso del maíz desde hace cinco años no se está sembrando la cantidad suficiente que requiere el sector pecuario. Por este motivo el Estado estimula la producción del grano.
“Necesitamos 1,3 millones de toneladas de maíz para abastecer al sector avícola, el lácteo y al porcinocultor. Y en los últimos años no hemos producido más de 700.000 toneladas de maíz. Entonces hay un déficit que falta de 700.000 toneladas. Las otras 600.000 toneladas ingresan (al país) por la vía legal o por contrabando. Eso se subsidia”, dijo.
Sostuvo que esto de alguna manera beneficia a los productores. Pero no llega a todos.
Para este año, según Farah, el subsidio llegará a Cochabamba, Tarija y otras regiones, pero para Santa Cruz, hay “una lista contada” que maneja Emapa.
“Entonces, esto no llega a todos los productores”, aclaró.
Para el productor, ante esta situación es necesario trabajar con biotecnología para producir más en la misma cantidad de tierra.
En la actualidad, explicó que la producción que se hace con semilla convencional necesita aplicar hasta nueve insumos, mientras que, con una genéticamente mejorada requiere de solo un producto.
“Imagínense, se necesitan insecticidas y herbicidas también. Entonces, el costo se hace tremendo para sacar dos toneladas y media o sacar tres”, indicó.
Con relación al trigo pasa lo mismo. En la actualidad, sostuvo que pocos siembran este grano porque por la sequía no hubo buena producción en los últimos años.
“Entonces, si tuviéramos acceso a semillas resistentes de trigo a la sequía, produciríamos más”, afirmó el dirigente de la CAO.
Mario Moreno, presidente de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo (Promasor) explicó que el subsidio solo llega a un 30% de la producción.
Y más allá, de un beneficio ha perjudicado a muchos productores porque distorsiona el mercado. Por ejemplo, explicó que el quintal de maíz se vende a Bs 60, pero en Emapa en el último año adquirió el grano hasta en Bs 100.
Reveló que el subsidio, al final termina beneficiando a pocos productores agrícolas y más a intermediarios que colocan el insumo en los silos de Emapa a un precio de hasta Bs 110.
Denunció que incluso bajo este sistema algunos intermediarios llegan a colocar maíz de contrabando, importado por vía ilegal desde Argentina.
“Efectivamente, sirve para mantener bajos los precios del mercado ¿Pero a qué costo para el Estado?”, observó Moreno.
Fuente: El Deber
