El caso más reciente que se dio a conocer es de la ATE Cimal Marabol, ubicada en San Miguel de Velasco, donde durante estos tres meses de incendios se desmontaron más de 700 hectáreas, a pesar de una orden de desalojo de un año.
El 58% de la superficie nacional quemada este 2024 es bosque, y en Santa Cruz, el daño al monte en pie se agrava porque acapara el 77%, según un reciente informe de la Fundación Tierra.
El pasado miércoles 16, una inspección conformada por medios de comunicación, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT), personal de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB) y del Consejo Forestal Voluntario encontró en flagrancia a uno de los avasalladores de la Autorización Transitoria Especial (ATE) Cimal Marabol, desmontando y quemando, en época de prohibición estricta de chaqueos.
Hasta la fecha, la deforestación ha superado las 700 hectáreas enlos predios de Marabol, con la apertura de inmensas brechas, con una proyección de influencia en hasta 10 mil hectáreas, de las 75 mil ha sobre las que el Estado boliviano otorgó derechos a Cimal.
Desde hace un año hay una orden de desalojo en esa tierra que, según el Plan de Uso del Suelo (PLUS) departamental, es de vocación forestal permanente (TPFP). Por eso, a varios de los participantes en la inspección les llamó la atención el uso de maquinaria pesada, que para desmontar las más de 700 hectáreas demandan unos 300.000 dólares aproximadamente, según los cálculos. Asimismo, observaron que el mayor daño se concentró en los últimos tres meses, precisamente en la temporada de los incendios forestales, a pesar de que el avasallamiento amenaza el lugar desde finales de 2022.
Ataque directo a los bosques
El caso de Marabol es apenas uno de varios. Los datos de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB) ya vienen informando de una reducción de las ex concesiones forestales (hoy ATE), que de tener aproximadamente seis millones de hectáreas, hoy apenas llegan a dos millones de ha. Y a pesar de la reducción, los avasallamientos, desmontes ilegales e incendios siguen presionando a zonas con cobertura boscosa y manejos sostenibles de esos recursos.
Otro caso es el de la ATE Vasber, en Guarayos, donde los avasalladores han desmontado más de 1.000 ha y quemado más de 44 mil ha, por encima de una orden de desalojo que tiene dos años sin aplicarse.
Desde la Policía explicaron que se requieren 800 uniformados para este desapoderamiento. En Marabol ya hay un antecedente de avasallamiento en 2014, proceso que no dejó a nadie sentenciado, confirmaron los involucrados.
También se encuentran presionadas otras ATE, San José, Ángel Sandóval, Encanto, Portón, Sutó, Pontons, además de Asociaciones Sociales del Lugar (ASL), como las de San Rafael de Velasco, donde les han quemado buena parte de la superficie.
Los pueblos indígenas también están sufriendo afectación. El plan de manejo de asaí en Porvenir (TCO Bajo Paraguá), fue quemado, igual que el de Palmarito de la Frontera, y el de copaibo en la TCO Monte Verde.
Todos los puntos mencionados están dentro de Tierra de Producción Forestal Permanente (TPFP), donde solo se deberían permitir manejos sostenibles del bosque.
Orlando Melgarejo, vicepresidente del Consejo Forestal Voluntario, lamentó que en el caso de Marabol se hizo la denuncia oportuna, y que aun así no se ejecuta la orden de desalojo.
“Son las mismas personas de siempre y ya hasta hay letreros de comunidades, mojones. Ninguna autoridad, pese a existir una orden de desalojo, la hizo efectiva, con el argumento de que no encuentran a la gente. Sin duda (no encuentran a nadie) porque la información se filtra”, cuestionó.
Melgarejo agregó que si hubiera voluntad, las autoridades pondrían una cuadrilla del Ejército, y/o de la Policía, porque la ley lo manda así”.
Jorge Ávila, gerente de la Cámara Forestal, alertó sobre que en ningún caso se debe cambiar el uso del suelo por el hecho de que el bosque hubiera sido quemado. En ningún caso. “En la lógica de los avasalladores, como ya destruyeron el bosque, no debería existir actividad forestal, pero no funciona así. Ellos lo provocan y se amparan en la destrucción del boque para justificar sus asentamientos, es la estrategia”, dijo.
Por su parte, Franz Valdez, de la ABT, aseguró que no hubo inacción y que se dará seguridad jurídica a los manejos forestales en todo el territorio nacional. Dijo que están trabajando conjuntamente con la empresa Cimal para precautelar esa región de manera sostenible.
Fuente: El Deber
