El mandatario apela a cuidar «la soberanía nacional». La propuesta de norma alcanza a personas naturales y jurídicas, no es retroactiva, pero impide que comunidades descendientes de extranjeros accedan a tierras fiscales
El presidente Luis Arce Catacora presentó un proyecto de ley para regular la tenencia de tierras a las personas extranjeras en Bolivia. La norma, según una carta remitida al vicepresidente David Choquehuanca, presidente de nato de la Asamblea Legislativa, busca resguardar la soberanía nacional.
La propuesta fue presentada el 31 de agosto y fue recibida por el despacho del vicepresidente el 1 de septiembre, incluso cuenta con un el número PL-505/2223.
En la misiva, el presidente expone que «la norma tiene por objeto regular la tenencia de las tierras rurales por personas extranjeras naturales o jurídicas, en resguardo de la soberanía nacional». Incluso el jefe de Estado dice que el tratamiento de la propuesta se enmarca dentro de lo establecido en la Constitución Política del Estado.
«Por lo que solicito respetuosamente que, en cumplimiento del Numeral 14, parágrafo I del Artículo 158 del mismo texto constitucional, los asambleístas nacionales procedan a su consideración el tratamiento pertinente», señala el mandatario en el documento.
El proyecto de ley consta de cuatro artículos. Entre lo más destacados de la propuesta está el de limitar el acceso a la tierra a los extranjeros hasta 2.000 hectáreas, tomando en cuenta que la Constitución Política del Estado establece que el límite máximo es de 5.000 hectáreas para bolivianos y bolivianas.
“Los fenómenos de mercantilización y extranjerización de tierra tienen como efecto la concentración a favor de un grupo reducido de personas naturales o jurídicas, que cuentan con la capacidad económica para adquirir las propiedades más productivas, para luego utilizarlas en la producción de monocultivos para la exportación, con la única finalidad de obtener el mayor rédito económico posible de forma particular”, señala en su carta el mandatario.
El proyecto de ley, que aún no ha sido tratado por la Asamblea, establece la regulación del arrendamiento de tierras a partir de la aprobación de la norma.
El proyecto sostiene que se respetará el derecho propietario de las personas extranjeras que tengan derecho propietario antes de la aprobación de la ley.
Otro de los artículos cierra la posibilidad para que las comunidades cuyos miembros sean descendientes de extranjeros, accedan a la dotación de tierras fiscales, bajo la pena de nulidad de los actos y la aplicación de sanciones contra los responsables.
Según el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en el país hay 26,7 millones de hectáreas de tierras fiscales.
Fuente: El Deber
