Bolivia se encamina a cerrar la brecha histórica de la propiedad rural. Con un avance del 94% en el saneamiento y titulación de tierras a nivel nacional, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) proyectaba concluir la regularización total del territorio para 2025; sin embargo, este objetivo se encuentra pendiente sin nueva fecha para su cumplimiento.
La seguridad jurídica de la tierra en Bolivia enfrenta un laberinto burocrático crítico. En tanto, propietarios y comunidades luchan por regularizar su situación, el sector productivo denuncia una parálisis administrativa que ha dilatado procesos de saneamiento hasta por dos décadas.
En este contexto, un informe estratégico del Instituto Nacional de Reforma Agraria de 2025 arroja luz sobre la estructura de la propiedad en el país, permitiendo definir, mediante una radiografía estadística, quienes ostentan en la actualidad la titularidad del suelo boliviano.
En esa línea, luego de 24 años de un progreso limitado que apenas alcanzó el 93% de titulación de tierras —atravesando etapas como la Reforma Agraria, el período neoliberal y el gobierno del MAS— las expectativas de transparentar la tenencia de tierras se mantienen intactas, en procura de responder a una política de Estado que busca priorizar el saneamiento de la propiedad agraria, tras diagnosticar que el proceso se encontraba sumido en un rezago histórico que frena el desarrollo del territorio nacional.
De los 103,2 millones de hectáreas rurales sujetas a saneamiento en Bolivia, el Estado ya ha titulado 96,5 millones, garantizando seguridad jurídica para el 94% del territorio. A la fecha, solo resta regularizar el 6% de la superficie, lo que representa aproximadamente 6,6 millones de hectáreas pendientes de titulación.
Las cifras oficiales del INRA revelan una radiografía clara de la propiedad agraria en Bolivia: el sector empresarial y mediano ya controla el 16% de las tierras saneadas. Con 15,6 millones de hectáreas bajo su dominio, este segmento se afianza como un actor determinante en la configuración del territorio rural boliviano.
Si bien este bloque no lidera en extensión territorial, su peso en el modelo agrario nacional es determinante. Su influencia reside en una fórmula estratégica: alta concentración productiva, dominio de las cadenas agroindustriales y una sólida orientación exportadora. Este músculo financiero y tecnológico se despliega con fuerza en el Oriente boliviano y el Chaco, zonas donde la propiedad privada empresarial y las vastas extensiones de mecanización dictan el ritmo del sector.
El mapa de la distribución agraria revela una concentración estratégica: las tierras fiscales suman 27,8 millones de hectáreas (29% del área rural), consolidándose como el bloque mayoritario. Le siguen de cerca los territorios indígenas (TCO/TIOC), que con 26 millones de hectáreas (27%) ratifican a los pueblos originarios como actores determinantes en la propiedad territorial de la nación.
Asimismo, el mapa agrario actual muestra una clara hegemonía de la tenencia social: la propiedad comunitaria campesina abarca 17,5 millones de hectáreas (18%), superando a los sectores empresarial y mediano, que concentran 15,6 millones (16%). Por su parte, la pequeña propiedad individual alcanza los 9,7 millones de hectáreas (10%). En conjunto, más del 70% de la superficie saneada permanece bajo control estatal, indígena o colectivo, sectores que históricamente han constituido la base de apoyo del Movimiento al Socialismo (MAS).
