La cadena multisectorial representada por diferentes sectores productivos hizo conocer su preocupación por algunas medidas asumidas por el Gobierno. A través de un comunicado dieron a conocer los temas que deben anularse algunas medidas y otras mantenerse a favor del sector productivo del país.
Bolivia atraviesa un momento crítico, resultado de 20 años de Políticas que solo nos empobrecieron y restaron productividad y bienestar a los bolivianos, afectando incluso a muestra libertad.
Durante más de dos décadas, Bolivia ha estado sometida a un modelo económico de corte ideológico que, bajo el discurso del “socialismo”, ha restringido libertades económicas, distorsionado los mercados y encarecido sistemáticamente la producción nacional. El resultado es evidente: un país cada vez menos competitivo, con menor capacidad de generar empleo formal y con crecientes barreras para producir, invertir y exportar.
Hoy, insistir en las mismas recetas —más intervención, más rigidez y decisiones alejadas de la realidad productiva— no es solo un error técnico, es una decisión política que profundiza el deterioro económico. Bolivia no necesita más ideología; necesita recuperar racionalidad económica, competitividad y condiciones reales para que el aparato productivo pueda sostener y generar empleo.
“TODO ESTO PROMOVIDO POR ENTIDADES QUE NO NOS REPRESENTAN Y SIGUEN ANCLANDONOS EN EL PASADO Y LA POBREZA, COMO LO PRETENDE HACER LA COB.”
Los sectores que conformamos la cadena multisectorial, somos quienes sostenemos el aparato productivo nacional, generamos empleo, inversión y divisas. No es aceptable que intereses políticos, disfrazados de representación social, pretendan frenar el desarrollo económico del país.
En ese contexto, es importante señalar con claridad que las posiciones asumidas por la Central Obrera Boliviana no representan el interés de la totalidad de los trabajadores bolivianos, sino que responden a agendas específicas y minoritarias que, en la práctica, terminan debilitando la economía, desincentivando la inversión y poniendo en riesgo la estabilidad del empleo formal.
Los costos de producción están en niveles insostenibles para todos los integrantes de las cadenas de abastecimiento, un incremento del salario generará necesariamente el cierre de diversas unidades económicas ante la imposibilidad de seguir soportando pérdidas cuantiosas.
Respecto al Decreto Supremo N° 5613, en línea con lo expresado por la Cámara Forestal de Bolivia, advertimos que esta norma vulnera principios fundamentales de seguridad jurídica y sostenibilidad ambiental. La posibilidad de revertir derechos forestales y legitimar ocupaciones de hecho genera un precedente extremadamente peligroso para el ordenamiento territorial y el respeto al Estado de Derecho.
Este tipo de disposiciones no solo afectan la confianza de los inversionistas, sino que además abren la puerta a un mayor deterioro de áreas de alto valor ambiental, incentivando cambios de uso de suelo incompatibles con la normativa vigente y comprometiendo el equilibrio ecológico del país.
Bolivia ya ha avanzado significativamente en el saneamiento de la tierra. Lo que corresponde ahora es consolidar una política de Estado post saneamiento, basada en reglas claras, estabilidad jurídica y visión de largo plazo, no retroceder hacia esquemas que premian la informalidad y la ocupación ilegal.
En cuanto a la Ley 1720, esta representa una base fundamental para más del 90% de los productores que operan bajo propiedad individual en Bolivia. Su estabilidad es clave para garantizar producción, inversión y seguridad alimentaria. Cualquier intento de modificarla bajo presión política generará incertidumbre y paralización en el sector productivo.
No podemos seguir permitiendo que organizaciones que históricamente han lucrado con la pobreza continúen bloqueando el desarrollo del país. Bolivia necesita soluciones reales, no discursos que perpetúan la dependencia y la informalidad.
Señor presidente, desde el Comité Multisectorial apoyamos las medias de fondo que se deben tomar y apoyamos su gestión. Sabemos que gobernar implica tomar decisiones pensando en el país en su conjunto, no en grupos minoritarios que ejercen presión para mantener sus privilegios que durante décadas han tenido sin pensar en la realidad de los bolivianos. Hoy más que nunca se requiere de su liderazgo para defender la producción, el empleo y la estabilidad económica.
Instamos con urgencia:
- Anulación inmediata del Decreto Supremo N° 5613
- Respeto irrestricto a la Ley 1720
- Responsabilidad en la política salarial, acorde a la realidad económica
- Generación de condiciones reales para la inversión y el crecimiento
Asimismo, es imprescindible avanzar de manera urgente en una agenda estructural que reactive la economía:
- Nueva Ley de Inversiones con seguridad jurídica plena
- Ley de concesiones modernas
- Seguridad sobre la Función Económica Social (FES)
- Liberación total de las exportaciones
- Regionalización y puesta en marcha del programa de conversión de vehículos a gas.
- IVA cero para importación de bienes de capital
- Acceso irrestricto a biotecnología
Bolivia necesita producir, exportar y crecer. No hay espacio para decisiones que destruyan lo poco que aún sostiene nuestra economía.
Fuente: CAO
