El proyecto de ley plantea incentivos tributarios, estabilidad normativa por 30 años y un régimen especial para proyectos desde $us 50 millones en sectores como agroindustria, minería, energía, turismo y tecnología.
La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) presentó una propuesta normativa para atraer capitales nacionales y extranjeros mediante garantías jurídicas, libertad cambiaria, arbitraje internacional e incentivos tributarios. La iniciativa contempla una tasa del 10% para el IVA y otra del 10% para el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) para proyectos de gran inversión, además de estabilidad normativa por tres décadas.
El planteamiento se conoce en un momento en que el sector empresarial demanda medidas urgentes para recuperar la confianza, reactivar la economía y generar nuevas fuentes de empleo. Este martes 13 de octubre, Cainco pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobar una ley corta de inversiones hasta diciembre, para evitar que las reformas se posterguen hasta el próximo año.
El documento adjunto, denominado Ley de Promoción de Inversiones, desarrolla un marco general para las inversiones nacionales y extranjeras y crea un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Es importante precisar que el texto compartido contiene 36 artículos y disposiciones finales, mientras que la información pública sobre el anuncio de este martes se refiere a una propuesta de ley corta. Por ello, sus contenidos deben identificarse como parte del documento proporcionado y no como una norma aprobada o vigente.
Los principales incentivos de la propuesta
Uno de los componentes centrales es el tratamiento tributario preferencial para los proyectos que cumplan los requisitos del RIGI. El artículo 33 plantea una alícuota del 10% para el IVA y otra del 10% para el IUE aplicables a los vehículos de proyecto único adheridos al régimen.
El documento también propone que las inversiones admitidas tengan estabilidad tributaria y regulatoria durante 30 años. Bajo ese esquema, los incentivos previstos no podrían ser afectados por la derogación de la norma ni por la creación de una legislación tributaria más gravosa o restrictiva que la contemplada en el régimen.
La propuesta establece que podrán acogerse al RIGI proyectos de los sectores forestal, agroindustrial, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia y energía. El monto mínimo general de inversión será de $us 50 millones por proyecto, con un compromiso mínimo de $us 15 millones durante el primer y segundo año, respectivamente, como condición de permanencia.
Libertad cambiaria y protección al inversionista
Otro eje de la iniciativa es garantizar la libre entrada y salida de capitales, así como la remisión al exterior de dividendos, intereses y regalías. También plantea la libre convertibilidad de la moneda y permite que los inversionistas nacionales y extranjeros acuerden someter sus controversias a tribunales arbitrales internacionales.
En materia comercial, el texto propone libertad para importar y exportar bienes y servicios, además de libre determinación de precios, con excepciones para actividades prohibidas por ley. Para las inversiones acogidas al RIGI, establece condiciones específicas que limitan la aplicación de restricciones económicas a sus importaciones y exportaciones.
La propuesta contempla, además, un régimen de zonas francas industriales orientadas a la exportación, comerciales y terminales de depósito, con exenciones tributarias y arancelarias bajo el principio de segregación aduanera y fiscal.
Proveedores bolivianos y generación de empleo
El proyecto busca que los grandes emprendimientos tengan efectos sobre la economía nacional. Para ello, exige que los planes de inversión incluyan una estimación del empleo directo e indirecto, la integración local y un programa de desarrollo de proveedores.
El compromiso mínimo propuesto es destinar el 20% del monto de inversión asignado al pago de proveedores a la contratación de empresas locales, siempre que exista oferta disponible y que los bienes y servicios cumplan condiciones de precio y calidad de mercado. El requisito deberá mantenerse durante las etapas de construcción y operación.
Las obligaciones tributarias y medioambientales seguirían sujetas a la legislación boliviana vigente. El documento también establece que los inversionistas deberán respetar el régimen de seguridad social de corto y largo plazo.
El desafío de atraer capitales
La iniciativa empresarial se presenta en un contexto en el que Bolivia busca incrementar su capacidad para captar inversión extranjera directa (IED). Según el Reporte de Capital Privado Extranjero del Banco Central de Bolivia, los flujos de inversión directa hacia el país equivalieron al 1,1% del PIB en 2025, frente al 0,5% registrado en 2024. Aunque hubo una mejora, la cifra refleja el desafío de consolidar mayores entradas de capital.
Cainco considera que el país no puede demorar las reformas destinadas a recuperar la confianza empresarial. Su presidente, Jean Pierre Antelo, pidió que la Asamblea priorice el tratamiento de la ley corta hasta diciembre, con el argumento de que la certidumbre jurídica es una condición necesaria para impulsar nuevas inversiones.
La aprobación legislativa, sin embargo, no garantiza por sí sola la llegada de capitales. La aplicación efectiva de las reglas, la estabilidad económica, la disponibilidad de divisas, la infraestructura y la capacidad de cumplir los compromisos asumidos por el Estado también serán determinantes para que los proyectos se concreten.
Fuente: El Deber
