Organizaciones productivas, cívicos y el gobernador de Santa Cruz se declaran en ‘estado de emergencia’ ante la posible abrogación de la ley. Asambleístas admiten que no se socializó la norma y plantean modificar y añadir artículos, pero no abrogarla.
El primer intento por abrogar la Ley 1720, de conversión de tierras, fracasó anoche en la Cámara de Diputados, donde no se logró los dos tercios para tratar de forma urgente y con dispensación de trámite el proyecto de ley que busca anular la norma. Hay posturas bien marcadas y divididas a favor y en contra.
Mientras tanto, el bloque de organizaciones de la cadena productiva de Santa Cruz se declaró en estado de emergencia en rechazo a la posible abrogación. Los cívicos y el gobernador cruceño, Juan Pablo Velasco, cierran filas, mientras que para el Gobierno nacional se abre un nuevo frente de conflicto, esta vez con la región productora más grande del país.
El grupo de campesinos de Pando y Beni que hace una semana llegó a la ciudad de La Paz para exigir al Gobierno que se abrogue la Ley 1720 ganó la primera pulseta al Gobierno del presidente Rodrigo Paz, que aceptó abolir la norma que dispone mediante el INRA la conversión voluntaria de pequeñas a medianas propiedades.
Apenas se acordó aquello, la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara Baja, elaboró y aprobó un proyecto de ley de abrogación de la Ley 1720 para que inmediatamente sea tratado en la sesión del pleno de Diputados.
Al final eso no pasó, porque en sesión no se lograron los dos tercios de voto para que el proyecto sea tratado con dispensación de trámite y el tema se pospuso para este viernes. No obstante, en la Cámara Baja se armaron dos frentes, uno que rechaza la abrogación y otro que está a favor del pedido de los campesinos.
Mientras, éstos mantienen su vigilia a una cuadra del Parlamento y exigen la inmediata abrogación de la Ley 1720.
Rechazo cruceño
Por su parte, el Comité Multisectorial, que agrupa a los gremios productivos más representativos de la cruceñidad, expresó su rotundo rechazo a la abrogación de esta ley y se declaró en estado de emergencia, lanzando críticas al Gobierno de Rodrigo Paz.
“Lejos de corregir el rumbo, el Gobierno insiste en profundizar un modelo fracasado que castiga al productor, bloquea la inversión y destruye la confianza. La intención de abrogar la Ley 1720 y promulgar el Decreto 5613 son una nueva señal de hostilidad contra el sector productivo”, dice parte de un comunicado del Comité Multisectorial.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, dijo que si se abroga la Ley, el Gobierno de Paz al igual que el régimen del MAS, prioriza el centralismo e impide la libertad de los pequeños productores de decidir si quieren pasar a ser medianos y crecer.
“El Gobierno, al promover la abrogación de esta ley, nos está coartando la libertad de crecer, de producir y de garantizar la cadena alimenticia del país. El Gobierno no está escuchando al productor y le tiene miedo a unos cuantos que no generan trabajo y que han sido uña y mugre con el MAS”, manifestó el dirigente cívico.
En esa línea el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, fue contundente al rechazar la posible abrogación de la Ley 1720 y lamentó que el Gobierno haga caso a algunos sectores frente a los pequeños productores que buscan crecer.
Fuente: El Deber
