Un foro internacional, que tuvo sede en Bolivia analizó la colusión de la minería ilegal y el crimen organizado y sus efectos ambientales, económicos y sociales en la región.
El subcontinente sudamericano sufre una ola de crimen organizado: sicariato, ajustes de cuentas, enfrentamientos de delincuentes con fuerzas de seguridad, secuestros, extorsiones… Expertos de varios países de la región advierten que los altos precios de los minerales en el mercado internacional han convertido a la minería ilegal en uno de los principales pivotes de estos ilícitos. Advierten que de no frenarse a la ilegalidad en la industria extractiva, será difícil luchar contra la creciente criminalidad.
Países como Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y México tienen en común una enorme riqueza mineral, pero al mismo tiempo también comparten los efectos negativos asociados a esta abundancia: la minería ilegal, que a su vez se articula con el narcotráfico, el contrabando de armas, la trata de personas, el lavado de dinero, la corrupción y, por supuesto, los efectos negativos para el medio ambiente.
Expertos de cinco países se reunieron esta semana en el foro internacional “La extracción minera ilegal ligada al crimen organizado en la región latinoamericana”, un evento convocado por la Organización Latinoamericana de Minería (OLAMI) y Cumbre del Sajama, con el fin de advertir sobre las consecuencias de inseguridad social y económica que genera el fenómeno y plantear soluciones integrales al
respecto.
“OLAMI, desde hace 42 años, ha sido la institución que ha logrado consolidar a la región como una de las más importantes para el desarrollo de una minería ambiental y socialmente sustentable y que cumpla con la gobernanza corporativa.
Al otro lado tenemos a la minería ilegal, que de acuerdo a estudios recientes, mueve más dinero que el narcotráfico y está sirviendo al lavado de dinero. Esta es la importancia de este evento por el cual felicito a OLAMI Bolivia y a Cumbre del Sajama, por la organización de este foro”, expresó Carlos Augusto Peña,
presidente de la OLAMI en el acto inaugural.
Negocio rentable
Nicolás Zeballos, Fundador y director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología de Perú, enfatizó la necesidad de comprender la minería ilegal como un modelo de negocio. «Si no entendemos el modelo de negocio, vamos a perder la batalla, perder la guerra», afirmó. El experto peruano explicó que este negocio, impulsado por la alta demanda y los crecientes precios del oro (que podrían alcanzar los 8.000-10.000 dólares la onza en los próximos años), se beneficia de la informalidad económica de la región, donde el 50% de la economía es informal, y crea el espacio propicio para la extorsión y el lavado de activos.
Tania Ramírez, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, habló sobre la rentabilidad del mercurio, un insumo clave en la minería ilegal de oro. «El kilogramo de mercurio estaba cerca de los 20 dólares en 2011. Cuando entra en vigor el convenio de Minamata. (Hoy en día) el precio de mercurio puede rondar entre los 200 y los 350 dólares el kilogramo», explicó Ramírez.
México, uno de los principales productores de mercurio, enfrenta el desafío de su tráfico ilícito. Ramírez reveló que Bolivia se ha convertido en un punto neurálgico para este comercio. «Bolivia es el gran canal de todo el mercurio que se está movilizando en nuestra región. A través de Bolivia está ingresando todo el mercurio que producimos en México ilegal e informal y está ingresando a estos territorios», señaló.
Ecosistema Criminal
La minería ilegal no opera de forma aislada. Ceballos describió un «ecosistema criminal» donde confluyen diversas actividades delictivas: «invasiones, bloqueos, saltos, robos, sicariato, ataques armados… lavado de activos, tráfico de insumos, corrupción… trata de personas, represión laboral, delitos ambientales».
La debilidad institucional y la falta de control estatal son factores clave que permiten la proliferación de estas actividades. Jaime Sanabria, director Ejecutivo de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) de Bolivia, lamentó la precariedad de recursos y la fragmentación institucional en el país.
«La institución está totalmente devastada, es una institución que no funciona, que se ha convertido en un estado en una institución tranca para la actividad minera en general», afirmó Sanabria, quién destacó que en Bolivia, «el 80% de la minería que se hace… es ilegal».
Impacto Ambiental
Las consecuencias de la minería ilegal son catastróficas. María Eulalia Silva, presidenta Ejecutiva de la Cámara de Minería de Ecuador, contrastó la minería responsable con la extracción ilegal. Mientras la primera implementa plantas de tratamiento de agua, canales de escorrentía y programas de reforestación, la segunda deja «devastación», sin tratamiento de aguas ni disposición final de
residuos. Silva también alertó sobre la contaminación por mercurio: «Por cada gramo de mercurio se contaminan entre 80.000 y 200.000 litros de agua», alertó.
Además del daño ambiental, la minería ilegal genera graves problemas sociales, incluyendo la explotación laboral, el trabajo infantil y la violencia. En Ecuador, la minería ilegal ha invadido áreas protegidas y ha provocado el hundimiento de ciudades como Zaruma, declarada patrimonio de la humanidad.
Respuesta Regional
Los panelistas coincidieron en que la lucha contra la minería ilegal no puede ser un esfuerzo individual de cada país. «Necesitamos una política regional minera», enfatizó María Eulalia Silva.
Sandra Rodríguez, de Colombia, destacó la importancia de la tecnología para el monitoreo y la trazabilidad. «Tenemos herramientas tecnológicas que nos van a permitir por lo menos conocer dónde está el problema y a qué nos enfrentamos», afirmó la experta, quien presentó un visor geográfico que permite identificar focos de explotación ilícita y la convergencia de actividades ilegales como el cultivo de
coca y la deforestación.
Mónica Mendoza, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Bolivia, abogó por un enfoque integral que vaya más allá de lo unitivo.
«La respuesta nunca puede ser punitiva… tiene que ser una respuesta a la economía ilícita», sostuvo Mendoza, quien resaltó la necesidad de fortalecer la institucionalidad, despojar a los criminales de sus recursos ilícitos y fomentar el desarrollo alternativo en las comunidades afectadas.
Alfredo Zaconeta, investigador boliviano del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), subrayó la importancia de la viabilidad social de los proyectos mineros y la necesidad de una política que incorpore a los actores informales. «El problema en Bolivia para cualquier tema de minería no pasa porque el proyecto sea factible técnicamente o rentable económicamente, sino el tema es
que tiene que ser viable socialmente», concluyó Zaconeta.
La minería ilegal es un problema complejo y multifacético que exige una respuesta coordinada, innovadora y con visión de futuro. La colaboración regional, el uso de tecnología, el fortalecimiento institucional y un enfoque holístico que aborde tanto los aspectos económicos como los sociales y ambientales, son claves para enfrentar este desafío y garantizar que la riqueza mineral de América Latina
beneficie a sus pueblos y no al crimen organizado.
“La región debe unirse para combatir este flagelo y por ello este espacio, pretende marcar una ruta regional que combata esta problemática. Gracias a las ponencias de los expertos internacionales y el panel de discusión pudimos poner sobre la mesa temáticas de gran interés para nuestros países, especialmente para Bolivia”, reflexionó Ana María Araníbar, directora Ejecutiva de Cumbre del Sajama al
concluir el foro.
