El investigador Gonzalo Colque cuestionó la eficacia de las medidas anunciadas por el gobierno para combatir los incendios forestales, señalando la falta de precisión y rigor en las propuestas
El investigador Gonzalo Colque, de la Fundación Tierra, ha lanzado duras críticas al plan del gobierno para combatir los incendios forestales en Bolivia, Cuestionó la falta de precisión y la efectividad de las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo contra los incendios forestales. El investigador también señaló que se está eludiendo las causas estructurales del problema, como la Ley 741, que permite el desmonte de tierras.
El sábado el presidente, Luis Arce Catacora, presentó un informe sobre la lucha contra los incendios forestales y anunció incentivos financieros para los productores que no quemen.
“Anunciamos que otorgaremos incentivos financieros a las productoras y productores que no quemen y produzcan de manera sostenible con el Medio Ambiente. Producir de manera responsable tendrá beneficios en nuestro país”, señaló el Jefe de Estado.
Una de las principales objeciones de Colque se centra en los incentivos financieros para productores que no utilicen el fuego en sus actividades agrícolas. El investigador cuestiona la viabilidad de implementar dicha medida, indicando la falta de un mecanismo claro para identificar a los beneficiarios.
“No parece lógico anunciar una medida que no está dirigida a las áreas afectadas o a los sectores productivos involucrados”, afirmó Colque.
Asimismo, el investigador se mostró escéptico respecto al endurecimiento de las multas y sanciones. Aunque se elevó el monto de las multas semanas atrás, Colque considera que esta medida no ha demostrado resultados concretos.
“Las multas siempre han existido, pero no se conocen los resultados de su implementación. Me parece que son promesas para calmar a la gente, más que una solución al problema”, señaló.
La Ley 741 y las causas estructurales
Colque fue enfático al destacar que el gobierno está ignorando las causas estructurales de los incendios. Según el investigador, la Ley 741, que permite el desmonte de hasta 20 hectáreas en nuevas comunidades, es uno de los principales factores que agravan el problema.
“Abrogar la Ley 741 no solucionaría todo, pero sería una gran señal política de que se está tomando en serio el problema”, subrayó.
Uno de los puntos más polémicos es la postura estatal sobre la responsabilidad del sector empresarial en los incendios. Si bien el gobierno sostiene que gran parte del fuego afecta áreas controladas por empresarios, Colque considera que este enfoque es simplista y no refleja la realidad.
El investigador afirmó que el gobierno también es parte del problema, dado que ha facilitado asentamientos en tierras fiscales y ha permitido desmontes a gran escala bajo el marco legal actual.
«No hay un solo sector involucrado, todos, en alguna medida, están implicados en las zonas de expansión», dijo Colque.
Colque instó al gobierno a asumir una postura más imparcial y aplicar la ley de manera equitativa, independientemente de quiénes sean los actores involucrados.
“Es prematuro hablar de una evaluación completa de los incendios, pero lo que está claro es que el gobierno no está siendo transparente y se necesita un enfoque más riguroso para abordar la magnitud del problema”, concluyó.
Fuente: El Deber
