“La ABT está cobrando sumas millonarias por superficies pequeñas que han sido afectadas y que en muchos casos no han sido de culpabilidad del productor”, señaló el asesor jurídico de Anapo
El asesor jurídico de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fernando Asturizaga, advirtió que la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) comenzó a notificar a los propietarios de predios que sufrieron incendios en 2024 y denunció así que se están aplicando multas y conminatorias que son excesivas y que además vulneran sus derechos.
“Además de las restricciones de exportaciones que perjudican al sector primario, ahora también hay entidades del Estado, en este caso la ABT, que se está dando a la tarea de notificar a productores por los incendios ocurridos el año pasado y que están tomando a todos los productores, sin mayor análisis, como culpables de incendios”, sostuvo el ejecutivo.
Según el reporte de la institución, esto causa una gran preocupación porque precisamente el año pasado el Gobierno nacional aprobó dos decretos supremos que han sido calificados de inconstitucionales, mediante los cuales se ha incrementado el monto de la multa por quemas o por incendios.
La situación que tiene intranquilo al sector se enfoca en dos normativas específicas: piden la abrogación del Decreto Supremo 5203, que dicta sanciones por quemas, y que apunta directamente a los productores, así como la derogación de la disposición final primera del Decreto Supremo 5225, el mismo que establece multas y sanciones.
“Estas multas se aplican no solamente al área afectada por la quema o por el incendio, sino a la superficie total del predio. Se han recibido denuncias de parte de varios productores de que la ABT está cobrando sumas millonarias por superficies pequeñas que han sido afectadas y que en muchos casos no han sido de culpabilidad del productor”, agregó Asturizaga.
Asimismo, el ejecutivo expuso que la norma ha sido aplicada y aprobada unilateralmente por la ABT y había un compromiso del Gobierno para tratarlas con miras determinar en su momento su derogación o abrogación.
“Lamentablemente esto no se ha dado, el Gobierno no conversa con el sector productivo y más por el contrario está ejecutando estas normativas que son inconstitucionales porque vulneran el derecho fundamental al debido proceso y a la presunción de inocencia”, concluyó.
Fuente: Unitel
